Vaciamiento y resistencia en la Clínica Privada San Andrés de Caseros

Desde inicios de febrero, quienes trabajan en la Clínica San Andrés, pasan día y noche custodiando el edificio. Fichan sus ingresos a horario, toman posesión de sus puestos y dedican ese tiempo a cuidar el inmueble y los objetos ubicados en la institución radicada en la calle Sabattini, de la localidad de Caseros. El abandono de la familia Surachi que es dueña de la clínica privada, puso en alerta a quienes día a día trabajan allí y les forzó a organizarse en tiempo récord para defender sus puestos laborales. Titulares de la clínica que presta servicios para la obra social PAMI, definieron cerrar el lugar y lo comunicaron cuando inició el mes.

Casi 150 familias quedaron expuestas a la incertidumbre y a esta gravísima situación en el marco de la pandemia. Su reclamo es simple: quieren que la clínica se reabra para garantizar el trabajo y que se responda a las deudas laborales y salariales que se tenían desde antes de que se comunicara el cierre. Desde la misma voz de les trabajadores se deja en claro que no sería una tarea difícil poner en marcha la clínica y comenzar a andar en una nueva etapa. Está dispuesto no sólo el plantel de administrativos, de cocina, enfermería y de limpieza, sino también el inmueble, el mobiliario e los insumos que estaban al iniciarse febrero y que fueron resguardados ante el intento de vaciamiento. Lo que se necesita para comenzar a girar la rueda es voluntad política de intervenir la institución y cambiar una administración que ha demostrado su incapacidad y falta de interés en resolver el conflicto.

Luego de eso, vendría un breve periodo de organización de equipos médicos para la toma de tareas y la Clínica San Andrés estaría en condiciones de iniciar su labor para, con el tiempo, ir saliendo adelante de este duro trance.

Un historial de mala administración

Hasta el final del mes de enero, la clínica funcionó en gran parte gracias al sacrificio de trabajadores y trabajadoras que pusieron mucho de sí mientras la administración estaba más interesada en el rédito económico inmediato que en una planificación sensata y a largo plazo. El resultado es años de aguinaldos adeudados, incumplimientos laborales y salariales, falta de pago de vacaciones y atrasos con salarios, deudas impositivas y un largo etcétera. Esta forma de administración de la clínica fue vaciando de contenido el proyecto médico y debilitó a la institución incluso antes de que el vaciamiento efectivo se pusiera en práctica. Durante el último tiempo la clínica fue forzada a desarrollarse con una lógica de día a día.

También existe historial de persecución sindical pues estaba terminantemente prohibido la participación gremial, la elección de delegades en la institución. Esto puede parecer algo menor o secundario, pero este es un derecho garantizado constitucionalmente y el apoyo sindical se muestra más necesario que nunca cuando las patronales buscan salvar su dinero incurriendo en el vaciamiento y el abandono de quienes le ponen el cuerpo realmente a la clínica.

La actual administración entró en crisis y el entramado de una disputa familiar evidencia la falta de perspectiva. Quieren evitar responder por sus deudas, anuncian un cierre de forma desprolija para garantizar cubrirse las espaldas y embarrar la cancha ante el reclamo de les trabajadores.

El oficio de quienes resisten

Desde el inicio de febrero trabajadores de la clínica buscaron reunirse con todo aquel que pudiera destrabar la situación y responder a sus reclamos. Se movilizaron, protestaron en la calle, se comunicaron con autoridades y sindicatos. Lograron iniciar una mesa de diálogo con la mediación del Ministerio de Trabajo donde arrancaron el compromiso de reabrir la clínica a parte de la administración anterior (puntualmente de Adriana Surachi). Pero esto fue incumplido por la patronal bajo la excusa de que no existían las condiciones legales para tomar el control sobre la institución debido al mismo conflicto interno de la familia.

En total se han tenido tres reuniones con intervención del Ministerio en las que se demostró la disposición de quienes trabajan de llegar a un acuerdo y donde parte de la gestión que abandonó la Clínica no dio la cara pues Hernán y Dante Surachi no se presentaron ni enviaron representación legal a ninguna instancia.

Una solución urgente, ¿quién se hace cargo?

Existe una nueva convocatoria para el próximo día martes a las 13 hs en la que buscan destrabar el conflicto de forma satisfactoria. Se plantea, puntualmente, que la obra social PAMI (también interesada en no perder esta prestadora en el centro del distrito de Tres de Febrero) entre también al debate y se pueda promover la intervención y avance con una nueva administración para controlar la clínica y garantizar la marcha atrás del cierre.

La necesidad de respuesta es urgente pues la incertidumbre aumenta con el paso del tiempo y es necesaria la voluntad y la convicción política para darle una solución al problema y una perspectiva a futuro a las familias que resisten el vaciamiento.

Texto: Pablo Diz. Es laburante telefónico y militante político de la Plataforma por una Nueva Mayoría en el Frente Patria Grande.

Imagen: tomada de La izquierda diario.

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