Democratizar la propiedad privada

El desalojo y represión en Guernica y el revés judicial para el Proyecto Artigas fueron las noticias centrales de la pasada semana. Con un latiguillo discursivo montado sobre la defensa de la propiedad privada varios sectores mediáticos y políticos (algunos incluso del interior del mismo frente de gobierno) buscaron que el eje de discusión sea la medida antes que los problemas. Con mucho análisis efectista, que no es más que aquel que se monta para justificar la línea editorial de un medio antes que para entender la situación, las imágenes fueron muy duras y los hechos representados no arrojaron luz sobre el fondo de la cuestión.

Acceder al hogar propio es, desde hace varios años, un drama que crece en la Argentina. Como contraparte del avance de la frontera sojera, el desmonte, el monocultivo mecanizado y la destrucción consiguiente de las economías regionales, se da la migración interna (aquella que va del ámbito rural al urbano) que agrava año a año el problema. La falta de futuro económicamente sustentable para las familias en su pueblo de origen lleva a una concentración que desata la precariedad habitacional en las grandes ciudades que tampoco mejora en lo sustancial la situación económica que sufren las mayorías. Es de este modo en que los problemas del acceso a la tierra (para ser trabajada) y el modelo de producción agraria tienen un vínculo central con la crisis habitacional de las grandes urbes.

En este marco de larga data, se sucedieron esas dos noticias y para entender esta realidad es necesario acercarnos a ella con los sentidos y la cabeza, pero principalmente con la empatía de entender la humanidad detrás de cada situación.

Usurpadores

Mediáticamente el puente que unió el desalojo de Guernica y la definición judicial en contra del Proyecto Artigas en Entre Ríos fue que se trataban de “usurpaciones” que dañaban el Estado de derecho consagrado en la constitución. Muchos partidos políticos y medios de comunicación rezan el credo de los sectores del poder concentrado y la oligarquía en que se piensa que la constitución nacional tiene un sólo artículo sobre la inviolabilidad de la “propiedad privada” (rápido se olvidan de la constitución cuando hablamos del derecho a la vida digna, al techo, al bienestar y ni hablar al derecho a protestar y a la huelga obrera).

Esto se analiza en el marco de una situación sin precedente que lleva los niveles de pobreza alarmantemente al 45%. ¿Se puede cargar al mérito propio la situación que pasa la población que vive de forma combinada la macrisis y la coronacrisis? ¿Qué pasa con las propiedades privadas de quienes lo pierden todo con los desmanejos económicos neoliberales y la contracción económica producida por una pandemia mundial?

La mirada en la medida de la toma pretende ocultar el problema encarnado en esta sociedad: pelear por la tierra, el techo y el trabajo digno son derechos que no atacan la propiedad privada, sino que la democratizan. El problema es que más propiedad privada para todes significa menos propiedad privada para quienes se han apropiado, hasta ahora, de todo. Y en el medio, los que no pertenecen totalmente a unos ni a otros (aunque materialmente están más cerca de los desposeídos de la tierra que de los dueños del mundo) se debaten entre pisar la cabeza de los de abajo o arañar los pies que pisan la propia.

La tierra

En Entre Ríos, se pudo ver más allá del mero planteo de restitución hereditaria al interior de una familia terrateniente. Ya de por sí eso ponía sobre el tapete tanto el accionar profundamente misógino y machista en que los hermanos varones de la familia Echevere excluyeron de forma extorsiva a su hermana, como la forma ilegal en la que la familia patricia se adueñaba de terrenos y bienes que nunca les pertenecieron realmente. Pero entrando en escena la decisión de Dolores Echevere de realizar una reparación histórica y donar un 40% de su herencia para el desarrollo del emprendimiento agroecológico denominado Proyecto Artigas todo tomó un nuevo nivel.

La entrada en juego de la figura del referente de los movimientos sociales Juan Grabois bastó para que medios, sectores del poder judicial y la oposición se plantearan jugar fuerte en favor de quien fuere presidente de la Sociedad Rural Argentina y exministro de agroindustria de Macri, Luis Miguel Echevere. Todo esto por más que antes que títulos de propiedad flojos en papeles (los cuales no tiene, porque parte de sus territorios fueron literalmente obtenidos a la fuerza y con métodos ilegales), Echevere se dedicó a mostrar escritos firmados sobre el armado accionario de sus empresas (que también fueron denunciados por presentar firmas en ciertos casos coaccionadas y en otros falsificadas).

De fondo, además, se encuentra la impugnación a un modelo que generaliza el uso del monocultivo sojero que es nocivo para la tierra, impone el uso de agrotóxicos tan malos para el medioambiente y fuerza a la destrucción de las economías regionales. El Proyecto Artigas representa el desarrollo de formas alternativas y complementarias de producción agrícola, que no sólo son pertinentes sino necesarias si se quiere eliminar el hambre del país y avanzar en la soberanía alimentaria. Incluso luego del revés judicial que obtuvo Grabois, el propio presidente Alberto Fernández (que había evitado posicionarse durante el duelo de los Echevere) declaró que las ideas del líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos debían tenerse en cuenta.

El techo

La represión volcada sobre las familias que no habían alcanzado un acuerdo con el gobierno de la Provincia de Buenos Aires en Guernica es un hecho inexcusable. El desalojo forzoso iniciado durante la madrugada del 29 de octubre, el uso de topadoras y el incendio de las precarias “casas” y pertenencias mínimas fue una dolorosa imagen que fue empeorada luego con el uso, completamente electoral, que le dio el Ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni.

El repudio general dejó en evidencia la necesidad de desacralizar la acción gubernamental y discutir seriamente la construcción y limitaciones de los gobiernos populares para seguir avanzando. Cierto es que el Estado estuvo presente en la toma no sólo en su carácter represivo, sino a través de una acción que empezó, una vez ya escalado el conflicto, y que integró a cuatro ministerios de la provincia (Desarrollo; Mujeres y Géneros; Justicia y Salud) y tres entidades estatales del ámbito nacional; y que fue comandada por Andrés “Cuervo” Larroque, Ministro de Desarrollo de PBA. Al momento en que se desató el desalojo, la amplia mayoría de familias ya habían acordado con el gobierno provincial y se habían retirado de la toma.

Ya a finales de septiembre el Gobernador Axel Kicillof habia anunciado un plan de hábitat ambicioso, proyectando construir 10.000 viviendas por año, más la reactivación de obras paradas, la entrega de lotes con servicios, proyectos de urbanización de barrios, mejoras habitacionales y la acción del PROCREAR. Este plan pretende dar un avance importante, pero la situación habitacional está actualmente en emergencia por lo que incluso a poco de lanzado el proyecto el gobierno provincial comprometió parte de los lotes para las familias de Guernica.

La falta de vivienda es un problema que atañe a las fuertes desigualdades de nuestro país. El crecimiento de la pobreza y la caída libre del salario desde 2016 volvieron exasperante la situación y la toma es una respuesta ante una exclusión que se expande: en la toma se integran familias desocupadas, subocupadas y ocupadas tanto informal como formalmente que han caído por debajo de la línea de pobreza. Tomarlo como una mera situación penal hablando de la propiedad privada que ha sido usurpada termina siendo incluso una banalidad ya que la acción del desalojo, en fin, no resuelve ningún problema, sino que tan sólo lo mueve. Ahora, las familias tildadas de usurpadoras se vuelven de hecho “sin techo” por lo que la labor del Estado se hace incluso más urgente y apremiante para dar la respuesta que se necesita.

El trabajo

La crisis económica del COVID-19 se estima que ha destruido 3.7 millones de puestos de trabajo en el país. Eso en el marco de una contracción económica mundial y una caída sostenida de la producción y el empleo de varios años a esta parte producida por las medidas neoliberales del gobierno de Macri.

Se suma a eso las subas de precios producto de las tensiones cambiarias de la corrida impulsada desde algunos sectores concentrados de la economía que buscaban un shock devaluatorio del peso como punto de arranque de la reconstrucción. El pedido directamente era sacrificar el poder de compra de la clase trabajadora y la pulverización total de cualquier atisbo de apuesta al mercado interno. Hasta el momento el gobierno se enfrenta a esas presiones con algunas victorias concretas en ese terreno.

Por otro lado, la presentación del proyecto de presupuesto 2021 dejó en claro se busca trabajar un perfil opuesto al que levantaba el anterior gobierno. La caída de los desembolsos para el pago de deuda logrados gracias a la reestructuración exitosa de la deuda privada se vuelca a políticas expansivas de la economía a través de la producción y uno de los grandes dinamizadores de la economía que es la construcción y la obra pública. Existen críticas de este proyecto de ley que hablan de un ajuste en el área de desarrollo social, pero eso se debe a la falsa comparación entre el desembolso efectivo durante el 2020 y lo proyectado para el 2021. Este error se vuelve más evidente cuando se piensa en que el presupuesto 2020 fue aprobado durante el gobierno macrista y nunca contempló ni el IFE, ni la expansión del APA y ni siquiera la tarjeta alimentaria de inicios de este año.

Con todo esto es central entender, entonces, que la puja devaluatoria no se trata de una corrección económica producida por la fuerte emisión de este año como diría un economista ortodoxo, sino de la lucha sobre los porcentajes que le corresponderá a cada cual (el empresariado o les trabajadores) de los efectos de la recuperación económica en ciernes.

El futuro

Desde ya, sea con optimismo o moderación, todos los análisis expresan un fuerte crecimiento para el próximo año, producto del agotamiento de los elementos que producen la contracción económica mundial (la aparición de la vacuna contra el COVID-19), de la capacidad instalada en desuso durante este año y por la presión expansiva de la reactivación de las potencias.

La tarea del gobierno será estar atento a esa situación y no desaprovechar ninguna situación que impulse a la Argentina. Deberá buscar soluciones creativas y de avanzada para dar respuestas a situaciones de emergencia como la habitacional y la expansión de un modelo agrario destructivo tanto para el medio ambiente como para las economías regionales. Se trata del eterno debate de adecuar la economía al desarrollo de la vida digna y no a restringir la vida para beneficiar la economía. Eso choca de lleno con las posturas políticas de quienes dicen ser Vicentin, Echevere, “el campo” o “el mercado” pero nunca son les empleades públiques, peones rurales, Pymes o les trabajadores del sector privado.

Por eso se debe comenzar a construir una planificación económica que reconstruya la actividad de abajo hacia arriba, pueda organizar una nueva forma de acceder a la tierra y trabajarla, garantice el derecho a la vivienda y que no se empantane en discusiones artificialmente impuestas para correr el eje del debate. La propiedad privada nunca estuvo en discusión, el debate es entre quienes quieren democratizarla y quienes quieren concentrarla.

Pablo Diz. Es laburante telefónico y militante político de la Plataforma por una Nueva Mayoría en el Frente Patria Grande.

Foto: Julian Bongiovanni, tomada de Diario La Nación.

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