Salario, autonomía y política, los trasfondos de una acción desestabilizadora

Desde la madrugada del lunes 7 de septiembre se mantienen diferentes comisarías de la policía bonaerense en protesta y movilización. En el medio, se mezclan reclamos salariales y las condiciones materiales precarias con reclamos por mayores márgenes de autogobernabilidad de las fuerzas y una actitud prepotente y amenazadora. En este revuelo no se puede dejar de lado el marco de una crisis sanitaria producida por una pandemia que no da tregua ni en este país ni en ningún lugar del mundo, la crisis económica heredada del gobierno macrista (que tiene un claro correlato en la provincia que fue gobernada por Vidal), la desaparición de Facundo Castro y su posterior hallazgo sin vida, los vaticinios golpistas del expresidente Eduardo Duhalde, pseudogremios que quieren negociar realizando medidas portando armas en la mesa, el apartamiento de efectivos por armados de causas narcos y una oposición política que sólo puede ganar iniciativa mediante la promoción de distintos niveles desestabilizatorios.

Hace algunas semanas escribíamos sobre calidad democrática en la región y cómo se relaciona el avance en materia de soberanía y solidaridad, con el resquebrajamiento de la misma. Es que hay un conjunto de cuestiones que, a primera vista no tendrían mucho que ver, pero relatan la contraparte política de la desestabilización: en las últimas semanas el Frente de TODES consiguió una reestructuración de la deuda externa privada bajo justicia extranjera del 99% y bajo justicia local del 98,8%, ingresó el proyecto de ley para el aporte impositivo de las grandes riquezas del país para enfrentar la crisis, logró la media sanción en senadores para el reordenamiento de la justicia federal y encima, esta misma semana, lanzó un plan de seguridad para la Provincia de Buenos Aires. Las cartas fueron barajadas y entregadas, y la oposición se encontraba claramente con una desventaja política muy grande. 

Repasar estas tres miradas (salarial, organizativa y política) y juzgarlas en su justa medida resulta clave para entender las verdaderas implicancias de la acción policial que puede contener algunos reclamos justos, pero mecanismos antidemocráticos y fundamentos políticos peligrosos.

Salarios pulverizados y condiciones materiales precarias

No es noticia que alguien diga “mi poder adquisitivo desapareció durante los últimos años”. La macrisis ya es una marca patentada del fracaso neoliberal del gobierno de Cambiemos y no por nada el presidente Alberto Fernández repitió durante el último tiempo que “a los argentinos nos fue peor con Macri que con la pandemia”. El caldo de cultivo fue una dirección política dedicada a ordenar paritarias a la baja con fuertes procesos devaluatorios e inflacionarios y la contracción económica en beneficio al sector financiero. Esto significó la pérdida de poder adquisitivo para la totalidad de quienes viven de un salario en el país mientras que la Provincia de Buenos Aires, al ser uno de los enclaves industriales, sufrió con todo el embate y registró algunos de los territorios que peor vivieron la aventura monetarista del “mejor equipo de los últimos 50 años”.

La policía bonaerense tiene problemas estructurales que datan de mucho antes de la gobernación de María Eugenia Vidal. Sobran los casos de corrupción, violencia institucional y flagrante ilegalidad para dar cuenta de una fuerza que mantiene desde su origen una amplia autonomía de acción, bajo apoyo material y escasa formación civil. Estos problemas están ahí, se relacionan en parte con las condiciones materiales precarias, pero no pueden agotar, ni mucho menos, todo debate sobre el pliego de reivindicaciones que los miembros del sistema policial se encargaron de difundir durante el día miércoles 9. Si a ese material de origen se le suma una pérdida de poder adquisitivo del 32% en tan sólo cuatro años y una política oficial del gobierno de Vidal que ordenó la seguridad tras un “vale todo”, éste es el resultado.

Los acuartelamientos de la bonaerense en relación a la protesta salarial no son nuevos; ya habían ocurrido en 2013 contra el entonces gobernador Daniel Scioli, hoy lo sufre el recientemente asumido Axel Kicillof y en el marco de una pandemia sin precedentes. Aquí no se descarta la necesidad de cualquier persona de cobrar de forma digna y justa su trabajo, ni se pretende dar por tierra la necesidad de garantizar condiciones materiales dignas para los efectivos. Pretender solucionar este problema tan sólo con un análisis de las estructuras viciadas de las fuerzas policiales sería una salida fácil a un problema complejo (aunque sobren los casos para hacer críticas puntuales y minuciosas). No existe ninguna experiencia en el mundo donde se demostrara que estas fuerzas son prescindibles y el debate por su formación y compromiso cívico no nos permite omitir las condiciones materiales.

Ahora bien, contemplando la necesidad de interpelar el pliego de pedidos y separar en el mismo la paja del trigo, lo cierto es que durante el periodo de mayor caída del salario policial en la provincia no existieron protestas de este estilo, incluso en estos días volvió a hacerse viral la imagen que se difundió durante las protestas docentes de 2017 de un policía oculto detrás de su uniforme hablando de enseñarle “vocación de servicio” a las maestras. Con “protestas de este estilo” se señala al retiro de las fuerzas de su lugar de trabajo y la manifestación pública portando sus armas oficiales, su vestimenta y hasta instrumentos claves como los patrulleros.

Autonomía o control civil

Entonces, ¿por qué no existieron protestas durante el gobierno que destruyó el salario policial en la provincia? Es probable que una amplia base movilizada tenga como eje la recomposición salarial y material pero, como siempre, estos procesos nacen más por una combinación de intereses que por un solo reclamo. Esa pregunta sólo puede contestarse si se tiene en cuenta el amplio margen de autonomía que se impulsó a nivel nacional y provincial por parte de los gobiernos de Cambiemos. Policías acusados de disparar por la espalda recibidos y aplaudidos por presidentes y ministros, liberación de zonas sin preguntas ni control, y un constante reconocimiento político a la autonomía de las fuerzas represivas. Nuevamente, el problema estructural no nace de la acción de la Ex Gobernadora Vidal y el Ex Ministro de seguridad de la Provincia (hoy devenido en diputado) Cristian Ritondo, pero ellos dieron un fuerte impulso al mismo.

Este es un debate de larga data y no podrá resolverse en este momento, pero es necesario tomarlo con seriedad y constancia. Tampoco se circunscribe tan sólo a la puja por la sindicalización de la policía e incluso puede matizar muchas posiciones a partir de colocar la centralidad en un lugar u otro. La emergencia de pseudogremios policiales (con referentes retirados y con movilización de efectivos en actividad) evidencia la imposibilidad de que el reclamo corporativo no tenga peso sobre la futura organización de las fuerzas.

La postura de sindicalizar la policía tiene ejemplos variados en muchos países del mundo y no agota la posición del empoderamiento de las fuerzas generando sus vías de autonomía organizativa. El punto es: si debatimos aceptando esta forma de sindicalización de la policía bonaerense tal como está, ¿cuál es la negociación posible con quienes poseen el uso legal de la fuerza represiva del Estado? ¿Se puede realizar, por parte de las fuerzas de seguridad, una protesta sin que ésta no tenga un peso desestabilizador de la democracia? ¿Cuáles son los efectos de avanzar en una mayor autonomía de las fuerzas policiales? Dejando de lado la amenaza coercitiva de quien detenta el uso legal de las armas del Estado, es central entender la siguiente diferencia: ante las medidas de cualquier sindicato privado el efecto de la quita de colaboración redunda en una pérdida de rentabilidad empresarial, en el caso de los sindicatos del sector público las medidas generan una pérdida de presencia estatal e incluso un vaciamiento de derechos. Pero el acuartelamiento policial con manifestación es en sí mismo una pérdida de gobernabilidad, ya que a la falta de presencia Estatal en su cruda esencia represiva se le suma una protesta armada contra el gobierno que además tiene una direccionalidad política. El amedrentamiento que tuvo el bloqueo de la casa del gobernador Axel Kicillof en la madrugada del lunes y la cercona sobre, nada menos, la residencia presidencial pusieron un manto oscuro sobre todas las jornadas.

La otra voz en este debate es la que plantea que el movimiento es a la inversa: tanto la solución del reclamo material, como de los problemas estructurales, sólo pueden nacer de un mayor control civil y político (no partidario) de las fuerzas de seguridad. No se trata para nada de una postura inocente o desinformada, sino de un planteo pensado y con una fuerte cabida institucional. Esta postura pone la solución de los problemas a corto y mediano plazo en la acción de atacar los problemas estructurales como el compromiso cívico y la violencia institucional mediante la acción de agentes de control externos (no sin antes hacerle frente a las resistencias internas de la propia policía).

Ambas posturas parten del concenso de la necesidad de reformar las fuerzas pero se distancian en el eje de dónde quedaría el poder para hacer esos cambios. El problema es cuando sobre una de estas posturas (la de la autonomía organizativa) se montan sectores que no hablan de una reforma profunda, sino de reorganizar la fuerza existente. Así se presentan los pseudosindicatos policiales con ultimátums y plazos a discutir con el gobierno provincial que ya había adelantado el interés en avanzar en una recomposición salarial. La falta de interlocutores válidos tampoco habilita por sí misma la virulencia que tomó la protesta. A toda mirada parecen medidas descolocadas si se atiende sólo el reclamo salarial y sólo puede explicarse al ahondar en la cuestión de la autoorganización interna de las fuerzas policiales y el marco político.

Revolver el caldo

Otra mirada sobre este tema, la última para esta nota, es la del marco político en la que se presenta la protesta policial. Porque nada en este mundo sucede fuera de un contexto y el sentido de una acción siempre es resultado de las pujas sociales que la preceden y exceden. En las últimas semanas, el oficialismo mantuvo la iniciativa y comenzó a conseguir varias victorias políticas y económicas sobre una oposición con matices sobre la acción sanitaria pero unida en no dar un mínimo de margen para que las medidas de mayor peso político puedan prosperar. Buscando bloquear judicial u operativamente al poder legislativo o defendiendo a capa y espada los intereses de los más ricos de los ricos. Cuando fueron gobierno no pudieron mostrar ningún avance concreto en ninguna materia, pero como oposición dictan el quehacer a partir del bloqueo político y el linchamiento mediático.

La vuelta al país del expresidente Mauricio Macri le inyectó nueva vitalidad al sector más radical del frente Juntos por el Cambio. Con sus intereses republicanos siempre en boca y casi nunca en la acción, buscaron desde el primer día (allá por el lejanísimo diciembre de 2019) bloquear la política del gobernador de Buenos Aires. Esta semana pareció replicarse esta forma de actuar en todos los niveles de su accionar político. Luego de la apabullante victoria sobre Vidal, Kicillof tomó el rol de contrapunto a la oposición neoliberal que incluso llegó fanfarreas autonomistas como la del intendente de Tandil durante la última semana. Por eso es que en un principio parecían guardar un silencio cómplice con el accionar policial y se limitaban a señalar un supuesto desmanejo político del gobernador sobre la temática de seguridad. Sólo con el pasar de largas horas y el bloqueo a la residencia presidencial comenzaron a despegarse de una medida que saltaba a los ojos como, al menos, preocupante y triste. Las organizaciones de DDHH, movimientos sociales, grupos políticos y sindicatos se plantearon en la defensa a la democracia y al gobierno de Kicillof. Llegamos al tercer día de protestas y cada minuto que pasaba, la virulencia del reclamo y la presión marcadamente política dejaba más lejano el problema de una recomposición salarial y ponía en evidencia los elementos ideológicos y organizativos que se ponían en juego.

Una respuesta justa

Durante la tarde de ayer el presidente Alberto Fernandez respondió al reclamo cortando de forma transversal estos ejes y llevando el debate a un terreno donde se puedan generar concensos. Con una calma que buscó bajar el tono del amedrentamiento sufrido, denunció la práctica policial, convocó a los efectivos a deponer su actitud (aunque varios focos se mantuvieron en rechazo a ese pedido) y propuso mover un 1% de la coparticipación que recibía CABA a la Provincia de Buenos Aires para responder a la recomposición salarial y material del pliego entregado. De un plumazo desarticuló estos tres factores integrando como aceptable los reclamos materiales que se realizaban, mientras que apuntó a reforzar el control externo de las fuerzas de seguridad y la validación de la voz de mando que reside en el poder estatal. Política, formato organizativo de las fuerzas de seguridad y reclamos materiales fueron integrados en la respuesta del presidente en su justa medida.

Todo esto mientras que ungía esta respuesta con los valores identitarios del Frente de TODES como fuerza de gobierno: primero logró mostrarse como abierto al diálogo y con una buena espalda, ya que se presentó con el apoyo del gobernador y la vicegobernadora, de diputados del oficialismo y con intendentes de PBA propios y ajenos. En segundo lugar, vinculó el traspaso de coparticipación a su política de reforzar el federalismo como vocación y que es una deuda reparar las desigualdades en el financiamiento de las provincias y CABA. Un tercer punto que logró plasmar fue la centralidad de la vía democrática para organizar la vida del pueblo. Es que la importancia de esa afirmación sólo radica en la fuerza empeñen quienes defienden la democracia y buscan un futuro donde la discusión política se gane solamente mediante el apoyo popular.

Texto: Pablo Diz. Laburante y militante político de la Plataforma por una Nueva Mayoría en el Frente Patria Grande.

Imagen: tomada de Opinión frontal.

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