Fronteras para “volver a casa”

El 4 de septiembre de cada año se conmemora el Día del Inmigrante en la Argentina. La fecha, que por lo general pasa inadvertida, salvo para la diversidad de comunidades de distinto origen que habitan en este suelo, tiene su origen en un decreto de 1812, promulgado por el Primer Triunvirato, mediante el cual el Estado de entonces ofrecía “su inmediata protección a los individuos de todas las naciones y sus familias que deseen fijar su domicilio en el territorio”. Años después, en el preámbulo de la Constitución de 1853 se hace referencia a “todos los habitantes del mundo que quieran habitar el suelo argentino”. Sin embargo, en el artículo 25 de esa Constitución, se subraya que “el gobierno federal fomentará la inmigración europea y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes”.

En 1949, durante el gobierno de Juan Domingo Perón, también mediante un decreto se estableció la fecha recordando el texto del Primer Triunvirato, señalando “la conveniencia de que se rinda un permanente y público homenaje al inmigrante de todas las épocas”. La Argentina, en ese momento y desde antes, era el país latinoamericano que había recibido las mayores corrientes migratorias, efectivamente europeas. Mucho se puede discutir, sin duda, sobre el impacto de estas corrientes en las diferentes dimensiones de la vida nacional. Pero interesa resaltar en este 2020, que en las últimas décadas, producto de la crisis económica y social de nuestros países hermanos de la región, también por la violencia, nuestro suelo ha recibido nuevas corrientes migratorias en condiciones diferentes a las de tiempos pasados. No vinieron a un “país próspero”, está claro, sino a un “país algo mejor” en el que difícilmente encontraron aquella proclamada “inmediata protección”. Hay de por medio cuestiones raciales, racismo, discriminación, xenofobia. Y todo esto sucede en una sociedad configurada por la descendencia de las anteriores migraciones. Ahora se usan poco calificativos despectivos como “tanos”, “gallegos” o “rusos” que inventaron los “criollos”. Ahora se habla de “bolitas”, “paraguas” o “perucas” y existe un imaginario social de que son “feos”, “inferiores” y hasta “delincuentes”. Señalamos todo esto es para reflexionar y debatir, más aún si queremos construir una sociedad con derechos para todos y todas, una sociedad inclusiva e igualitaria.

Como homenaje a nuestras hermanas y hermanos inmigrantes, entregamos un testimonio escrito por Álvaro Torero, de la Consejería Migrante de Nuevo Perú en Córdoba (Manuel Martínez).

Fronteras para “volver a casa”

La situación de las y los varados peruanos en Argentina 

“Me quedé a la fuerza, sin poder reencontrarme con mis hijas”, fueron las primeras palabras de Cristina.

Ella llegó a Córdoba desde Perú el 18 de junio del 2019 en un estado de salud delicado producto de la violencia de género que sufrió por parte de su ex pareja. Desde que llegó a Córdoba no paró de tocar puertas para poder estar bien física y psicológicamente. Estuvo casi un mes internada en el Hospital de Clínicas por una intervención quirúrgica y hasta el día de hoy recibe terapias psicológicas grupales en el Polo de la Mujer, por las secuelas del maltrato. En marzo de este año, cuando esperaba los informes médicos finales para poder volver al Perú, se declaró el cierre de las fronteras por la pandemia del Covid-19 y no pudo regresar. Cristina quiere volver al Perú para reencontrarse con sus dos hijas, de tres y seis años, a quienes dejó al cuidado de sus suegros, pero se le niega esa posibilidad.

La historia de Cristina representa, paradigmáticamente, la situación de cientos de personas varadas en Argentina, es decir, aquellas que se movieron de un país a otro por circunstancias varias, sin la intención inicial de residir en el país de destino y ahora se ven atrapadas sin poder moverse. Las historias de cientos de peruanos y peruanas varadas se replican por el país. Sin obtener respuestas de los Estados –y de sus Consulados– construyen estrategias y redes de subsistencia, no sólo acá en Argentina sino también en Perú para sostener sus familias, sus hogares, sus afectos.

Varada en Córdoba: la situación actual de Cristina 

Cristina vive en una pensión que aloja a seis familias peruanas frente a la cancha de Belgrano en Alberdi. Un portón inaugura un pasillo que desemboca en un lavadero y una cocina de uso colectivo. Una seguida de aberturas custodia el ingreso a todo aquel que sobrepase sus metales. Su habitación es la más pequeña de la morada, tiene apenas seis metros cuadrados. Ahí habita con ella un televisor de 21 pulgadas, que pasa las horas sobre una mesita de madera y una cama de una plaza donde duerme con su hijo mayor. Es notable el orden y la limpieza, como la humedad que se asoma por uno de los vértices. También tiene un placard que logró conseguir a $500 pesos gracias a la solidaridad de las vecinas y vecinos del barrio. Aquel ropero guarda decenas de documentos, diplomas, pasaportes, denuncias, pero, sobre todo, certificados médicos que muestran sus vicisitudes. Cristina no tiene un trabajo estable, sólo hace “cachuelos” o “changas” para poder solventar sus gastos. Cuando su estado de salud era crítico, su hijo mayor viajó a  la Argentina, para poder acompañarla en su recuperación y ayudarla económicamente. 

Cuando Cristina arribó a nuestra ciudad pasó más tiempo en los pasillos del Hospital de Clínicas que en su pieza. Entre turnos, exámenes y largas entrevistas, conoció a gente dispuesta a ayudarla. Así fue que varios profesionales, el 14 de noviembre del 2019, a través de la Oficina de Derechos Humanos del Poder Judicial le “sugirieron” al Consulado del Perú en Córdoba que la exima del pago de los antecedentes penales para iniciar la regularización de su situación migratoria y así poder tener un “efectivo acceso a la salud”. El pedido –que fue aceptado– se realizó, a pesar de que la Ley de Migraciones 25.871 de 2003 reconoce en el artículo 8° que: “No podrá negársele o restringírsele en ningún caso, el acceso al derecho a la salud, la asistencia social o atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria”. Si bien es cierto que nunca dejaron de atenderla, cada vez que iba a realizarse algún examen médico, recibía comentarios como “si no tienes el documento no existís para nosotros”. El día que fue a hacerle una colonoscopia la médica que la atendió le dijo: “Este examen es caro para nosotros, ¿por qué no te lo haces en tu país?”.

Cristina obtuvo la residencia temporaria el 7 de julio de este año. Un mes antes, ella solicitó al Consulado ayuda para volver al Perú. Desde el Consulado le informaron que los vuelos de repatriación están pensados para “turistas varados” y por eso tienen un costo aproximado de 360 dólares, además de los gastos de traslado hacia Buenos Aires, desde donde sale el vuelo. Asimismo, la administración pública le recordó que según la Oficina de Derechos Humanos del Poder Judicial ella es residente y que puede recurrir a ellos u a otra organización local, si necesita ayuda.

La historia de Cristina: la indolencia del Estado

Cristina nació en Espinar, una provincia de la “Ciudad Imperial” del Cusco, a casi 4.000 msnm, en el Perú. Su idioma natal es el quechua. El día que decidió ir a Lima para terminar la secundaria y profundizar el castellano, se despertó antes del amanecer, desayunó y caminó dos horas descalza hacia la escuela junto a sus hermanas. Un día antes, denunció a un profesor por acoso y las autoridades del centro educativo no la escucharon. Recuerda que en los años 80, tiempos en que Sendero Luminoso arrasaba pueblos para abastecerse, no había puentes ni carreteras para poder acceder al pueblo más cercano. El único medio de información disponible era una radio que su papá cargaba todo el tiempo.

La primera vez que Cristina pisó el suelo de la capital estaba muy emocionada, caminó por horas mientras veía confusa los edificios de las zonas más urbanas de la “Ciudad de los Reyes”. Todo era como su padre se lo había contado. Lima era una metrópoli sobrepoblada y caótica, envuelta por un cielo gris donde el sol siquiera se asoma y las nubes brillan por su ausencia.

Cristina terminó el secundario a los 18 años en el colegio San Francisco, en Lima. La dificultad con el idioma no fue impedimento para lograr el bachillerato. Estudió computación en un instituto y cumplió su sueño de formarse como educadora de nivel inicial; aunque sus posibilidades de ejercer estuvieron atravesadas por muchos escollos. Cuando niña, Cristina descubrió que quería ser maestra cuando tenía siete años, el día que un profesor le pidió ayuda para tomar examen de matemáticas a niños de años mayores. Su papel en ese tribunal era, desde lo alto de una silla, repeler con una regla en la cabeza a quien diera una respuesta incorrecta.

En el año 2000, cuando tenía 20 años, Cristina se enamoró de un muchacho de la capital. Oscar es el nombre del sujeto que la abandonó en el mismo instante que se enteró de su embarazo. Cristina lo denunció por omisión a la asistencia familiar en el juzgado de familia y consiguió que se hiciera cargo de un porcentaje de la manutención de su hijo. El año 2000 fue el año de la Marcha de los Cuatro Suyos en contra del régimen autoritario de Fujimori y la aparición de los Vladivideos, que dieron inicio al ocaso de la red de corrupción y crisis institucional más grande que sufrió el Perú en toda su historia republicana.

A través del programa habitacional Techo Propio que impulsó el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), Cristina consiguió una vivienda para ella y su hijo en la Ciudadela Pachacútec en Ventanilla. Cambió las montañas y los animales, por el mar y los arenales. En el año 2014, en el mismo Pachacútec, compró un terreno a bajo precio donde fundó una asociación sin fines de lucro y cristalizó uno de sus grandes sueños: ser educadora. Al principio en la Asociación Educativa Formativa – Pachacútec Integral Temprana no había luz ni agua, pero en su mejor momento le brindó ayuda educativa y alimentaria a 50 niños y niñas.

El maltrato físico y psicológico que Cristina sufrió en esos años por parte, fundamentalmente, de su esposo y su delicado estado de salud hizo que lo perdiera todo, menos la esperanza de volver a empezar. A partir del consejo de algunos amigos tomó la iniciativa de viajar a Córdoba, con el propósito de mejorar y regresar al Perú, para seguir con sus sueños y proveerles un mejor porvenir a sus hijas. Ella ahora está preocupada por sus hijas, teme por ellas y tiene “la urgencia de retornar”. En palabras de ella: “prácticamente me siento que me he quedado a la fuerza, sin poder reencontrarme con mis hijas”.

¿Permiso para volver a casa?

La situación de Cristina refleja años de desidia de los Estados, que se actualizan (o se recrudecen) en estos tiempos de confinamiento. En el transcurso de estos casi cinco meses de “cierre de fronteras”, las personas varadas necesitan abrigo para pasar el invierno, otras comidas para no pasar hambre, otras ayudas para pagar los hospedajes donde viven. No hay datos oficiales de cuántos peruanos y peruanas hay varados en Argentina, menos para el caso de la provincia de Córdoba. Desde la Consejería Migrante del Nuevo Perú informan que están ayudando a unas 50 familias, ese el único dato concreto que se maneja. Sin embargo, los pedidos de ayuda se replican día a día: llamadas de teléfono para coordinar bolsones de comida, encontrar lugares donde dormir, conseguir abrigo, etc. Estas son las estrategias diarias entre varadas/os y organizaciones sociales para sobrevivir. 

Mientras tanto, los Consulados frente al pedido de ayuda hacen la vista a un costado, construyen (supuestamente) listas de “repatriación humanitaria” (en promedio a unos 300 dólares el pasaje) y detallan que no tienen recursos ni capacidad de asistencia.

Lo único claro hasta el momento, no es si Cristina podrá volver a casa con sus hijas, sino que este sistema desigual e injusto deja a su paso un tendal de personas sin acceso, no sólo a la salud pública, sino a los recursos más elementales para poder seguir viviendo. 

Álvaro Torero es estudiante de Historia en la Universidad Nacional de Córdoba. Es uno de los impulsores de la Consejería Migrante de Nuevo Perú en esa ciudad.

Texto de la introducción: Manuel Martinez. Periodista y escritor, con una larga trayectoria militante en la izquierda latinoamericana. Integra el Consejo de Redacción de la Revista Herramienta y participa activamente en la Plataforma Nueva Mayoría del Frente Patria Grande.

Fotografías: Adriano Prandi. Creció en el conurbano bonaerense. Estudió Historia y se desempeña como profesor y músico-terapeuta. Entre 2006 y 2015 realizó un viaje por América Latina, publicando artículos periodísticos en diversos medios alternativos sobre la actualidad política y socioeconómica del continente. Ha publicado artículos periodísticos, históricos y fotorreportajes en medios mexicanos, ecuatorianos, nicaragüenses, bolivianos y europeos. Se dedica a escribir columnas radiales e incursionar en géneros narrativos como el cuento y la novela. Colabora en publicaciones de reflexión sobre educación y políticas socio-educativas en la ciudad de Luján, donde actualmente reside.

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