Acuerdo con los bonistas extranjeros: un avance en la soberanía financiera

El martes 4 de agosto a las 3 de la mañana, el gobierno anunció que había llegado a un acuerdo con los principales bloques tenedores de deuda argentina en el extranjero. No con cualquiera sino con los grupos que tiene el peso mayoritario de la misma y que hasta el momento se mantenían distanciados de los ofrecimientos del ministerio. Esto marca no sólo el éxito del acuerdo permitiendo un ahorro al país de aproximadamente U$D42.000 millones, sino que se encamina a lograr un nivel de aceptación que blinda al país de acciones legales en sedes extranjeras. Sin dudas, el país nota un alivio de su “estrés financiero” y tanto la bolsa como el riesgo país responden a eso.

¿Pero qué significa para todes nosotres? ¿Qué efectos tiene a corto y a largo plazo? Las reglas del debate político nos marcan que a un hecho se le puede dar un matiz u otro dependiendo de quién imponga su voz. En la época de las redes sociales y los multimedios pareciera que los hechos no son sino lo que la sociedad piensa de ellos. Aunque es importante entender que se trata de la construcción social de lo real, tampoco hay que olvidar que esa construcción respeta reglas sociales concretas. El análisis no es mera editorial: es clave debatir los sectores e intereses que se involucraron en esta negociación al mismo tiempo que pensemos cómo construir otro horizonte para el país, en vez de esperar a la próxima crisis de deuda.

Una estructura macrista de la deuda: quiénes, cómo y por qué

La deuda argentina es un problema cíclico de nuestra historia ya que, en verdad, endeudamiento y desendeudamiento son parte de un mismo proceso. No es que se trata sólo de una transferencia de riqueza hacia los más ricos, sino que tiene que ver con el condicionamiento de la nación y el lugar de la crisis como motor del país. No, no es un error de redacción hablar de crisis como motor y no como ancla. Parece que vivir de crisis en crisis es la forma en que se asume el desarrollo de la historia argentina. No es el “problema cultural” que sostiene de forma moralizante las editoriales periodísticas por el cual deberíamos “aprender de los países civilizados y serios”. En cambio, resulta propio de los países de economía primaria y dependiente que las formas institucionales no lleguen a sedimentarse y estallen una y otra vez. La globalización capitalista exige países desarrollados y países colonizados, la deuda también es transferencia de soberanía de los últimos a los primeros.

La deuda macrista es inédita en el mundo dado que un gobierno que asumió con una deuda baja respecto a su PBI terminó, en el plazo de cuatro años, entrando en un default selectivo (atacando específicamente a los tenedores de deuda con legislación nacional). La modificaciones en la arquitectura del endeudamiento que realizó el gobierno de Cambiemos produjo el crecimiento de deuda judicializable en el exterior (un 116% respecto a 2015) y un crecimiento de deuda con organismos multilaterales (en este caso el aumento es del 241%). Por otro lado, la deuda se sumó a tasas usurarias del 7% de interés (lo cual nace de la misma evaluación de que el gobierno de Macri no tenía ningún plan sustentable de pago) y con plazos muy inmediatos de pago. La deuda resulta impagable por su calendario de vencimientos y, principalmente, por la falta de estructura económica interna que pueda producir ese nivel de riqueza.

Esto último fue posible gracias al mecanismo que asoció directamente la deuda contraída a la fuga de capitales. Este último concepto generalmente es asociado a la idea de dinero saliendo del país hacia paraísos fiscales (que no es del todo falso), pero en verdad se refiere a que las divisas son retiradas de las reservas nacionales sin un fin productivo. O sea, se obtiene divisas mediante préstamos con acreedores extranjeros y estas son adquiridas por privados sin que esto potencie en forma alguna el desarrollo productivo nacional, con el resultado de una deuda que no generó beneficios a quien la contrajo. Y no se trata de pequeños ahorristas defendiéndose ante la inflación, sino de un proceso hiperconcentrado donde el 1% de las empresas representan la mitad de los valores fugados. Se eliminó de la ecuación la necesidad de estatizar una deuda privada pues ahora es el Estado el que se endeudó directamente a nombre de los privados que obtuvieron divisas para utilizarlas particularmente en el mercado financiero con exorbitantes tasas de interés para luego dirigirlas al exterior.

Como señaló en la cámara el Diputado Nacional Itai Hagman no hay “orgullo” sino necesidad en la reestructuración de la deuda macrista. Alejarse del default y organizar los pagos no es una victoria en sí misma, sino que abre el camino para el crecimiento productivo nacional y se necesita mucho más para avanzar en esa dirección. Tras el acuerdo es imperativo comenzar a discutir un nuevo marco legal para el mercado financiero y una reforma impositiva para quebrar el ciclo y lograr el “nunca más neoliberalismo” que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó como consigna en la pasada campaña electoral.

Un acuerdo y muchos intereses

Existen ciertos vicios a la hora de discutir sobre el proceso que encabezó el ministro Martín Guzmán que llevan a falsear posiciones y a empantanar los debates. Por ejemplo acreedor extranjero no siempre significa “buitre” y una deuda adquirida por el Estado en beneficio del sector privado no es “deuda privada”. De igual modo que la Argentina pague su deuda no quiere decir una distribución justa del peso de esa deuda. Por todo esto es necesario revisar quiénes son los actores en este proceso de reestructuración y sus intereses. Se pueden organizar de acuerdo a su pertenencia local o externa.

El primero de estos actores en el frente interno es el gobierno, que negocia una deuda heredada bajo una recesión (también heredada) y en el marco del quiebre económico mundial que significa la pandemia de COVID-19. Desde la perspectiva de los acreedores la diferencia entre gobiernos es algo meramente coyuntural, pues son acreedores frente al Estado argentino y no, frente a una fuerza política. Desde el punto de vista ciudadano, en cambio, la reestructuración de deuda como logro de Frente de TODES viene a reafirmar el lugar de los gobiernos populares en la resolución positiva del conflicto cíclico de la deuda. Basta ver cómo se avanza en resolver las responsabilidades de la fuga y cuál será la estructura productiva e impositiva que responda a la nueva estructura de deuda externa.

Internamente también se encuentran sectores más asociados a los intereses de los bonistas que a los intereses del país. La oposición política que como gobierno se endeudaba a tasas y plazos impagables ahora se dedica a sabotear constantemente las ofertas argentinas. Se señalaron posiciones “demasiado osadas”, “poco osadas” o que Guzmán negociaba con “mala fe”. La eterna denuncia de un gobierno que “cierra la economía al mundo” oculta que los préstamos privados para la Argentina se terminaron en 2018. Pero no es sólo una cuestión partidaria, esta oposición representa a sectores económicos que no tienen interés en que se caiga la reestructuración, sino que persiguen condicionarla en la mayor forma posible para que la acción del gobierno se vea limitada y no se pueda avanzar en remendar la historia cíclica de la argentina frente a la deuda. Ya se vio durante el gobierno de Macri que un Estado desendeudado sin una reforma financiera es una gran oportunidad de negocios para estos sectores.

En el frente externo tenemos a los fondos acreedores y los organismos multilaterales: sobre los primeros pesa la idea de que se trata de un conjunto de buitres que pagaron bonos a precio vil para obtener ganancias extraordinarias. La verdad es que no es siempre así y se puede verificar que gran parte de los tenedores de deuda actuales compraron la misma a precio nominal. Obviamente es una mancha en su historial los préstamos desenfundados al macrismo y probablemente muchos ya sabían que estaban destinados a reestructurar la deuda. Sus objetivos durante las negociaciones fue que su margen de ganancia se reduzca poco y, de ahora en adelante, lograr reglas que les permitan mantenerse en el juego de futuros préstamos al país. Estos sectores tampoco están muy interesados en que la Argentina rompa con la repetición constante de sus crisis, sino más bien blindar sus inversiones.

Tal vez quien jugó el papel más descarado en el frente externo es el propio FMI que ahora apoya al país en la negociación con los acreedores privados y que fue el actor central para posicionar al país en el mercado financiero durante el gobierno de Mauricio Macri. El desembolso económico con claros fines de apoyo político lo puso en riesgo como entidad. Un 60% del crédito total que entregó el FMI en el último tiempo fue a parar a la Argentina financiando un gobierno que no podía mostrar ningún dato positivo de su economía y que destruía mes a mes la capacidad productiva. El FMI ahora debe negociar con la Argentina al mismo tiempo en que se encara un proceso mundial en el que muchos países endeudados comenzarán a pedir la reestructuración producto de los efectos de la pandemia.

El gobierno de Alberto Fernández se marca una primera victoria en el área macroeconómica luego de esta negociación en la que se discutieron montos, plazos y reglas. Al mismo tiempo, el acuerdo es festejado por los sectores que tienen intereses contrapuestos. La pregunta entonces es: ¿por qué es una negociación exitosa desde el punto de vista del gobierno?

Principios y debates de la postura del gobierno argentino

Hay varias razones para que este acuerdo se convierta en una victoria del gobierno, muchas de ellas requieren de construir las condiciones posteriores a la reestructuración. Pueden agruparse en dos grupos: cuestiones de principios y algunos debates que han de darse en el futuro próximo.

Argentina negoció las condiciones concretas del acuerdo, pero logró imponer los principios con ingreso a la negociación. La sustentabilidad en los pagos de la deuda es esencial para avanzar en programas económicos que apunten a crear el valor agregado y así, inclinar la balanza comercial en favor del país. La extensión de plazos permite el redireccionamiento de riquezas para reconstruir la producción nacional. Esta y cualquier deuda externa sólo puede ser sustentable en el marco de una economía que logre mayores niveles de exportación. Cuanto más escape el país de su matriz primaria y meramente extractivista, mejor parado estará para participar de forma soberana en la economía mundial. Aquí hablamos de más trabajo, con mayor calificación, con principios de funcionamiento solidarios que tienen un pie en el mercado interno y otro en la exportación. La sustentabilidad de la deuda es entonces un medio para ganar soberanía política e independencia económica y estos dos principios son los que deberán guiar las prácticas del gobierno en la etapa “postpandemia”.

Los debates que afloran en el contexto de la negociación también están por desarrollarse y son:

  • El primer elemento a pensar es la toma de responsabilidad por parte del FMI y de los bonistas en que la forma en que se financió al gobierno anterior fue, cuanto menos, insensata. El resultado es que privados y FMI pagaron un negocio demasiado redituable para ser cierto (y no lo era) tan sólo por afinidad ideológica y perjudicaron sus inversiones y al país que las recibió. No es algo menor posar la vista sobre este hecho porque deja al desnudo el carácter vil del funcionamiento del capital financiero en general y de las políticas neoliberales en particular.
  • El segundo debate que se impuso (esta vez con la ayuda del Congreso) es la consideración de que la deuda pública bajo ley local tiene la misma reestructuración que los acreedores externos. Puede que esto suene a poco pero, luego del default selectivo anunciado por Lacunza en 2019, no es superficial que el gobierno busque demostrar que la inversión local no será maltratada cuando es la principal acusación de la oposición interna.
  • La tercera cuestión práctica que fue puesta en la mesa de debate por motivo de la pandemia es que no todos los sectores de la sociedad se ven afectados de igual manera por una crisis. El pedido de un impuesto a los sectores más ricos (una suerte de “Tasa COVID”) está allanando el camino para el debate de fondo que es una reforma impositiva progresiva que ponga el eje en conseguir un mayor aporte de quienes fueron los beneficiarios del gobierno macrista. En los últimos días, los anuncios del gobierno comenzaron a vincular cada vez más el “impuesto a las grandes riquezas” con una reforma general impositiva.
  • Un cuarto eje de debate es la investigación de la fuga de capitales que acompañó a la toma de deuda. Analizar el proceso por el cual el gobierno neoliberal de cambiemos construyó una deuda pública sólo en beneficio de sectores privados nos permitirá aportar pruebas para enjuiciar las actividades criminales que pudieron darse en este plan de estafa estatal. Al mismo tiempo, se deberán revisar las normativas financieras que han permitido tal estafa y comenzar a modificarlas.

Tal vez el mayor legado, si el gobierno avanza en ese sentido, sería romper el ciclo de endeudamiento y desendeudamiento de la Argentina que condiciona la soberanía y la independencia nacional. Pagar por pagar no blinda al país frente a próximos gobiernos que vuelvan a acudir al mercado financiero de manera irresponsable y criminal. Tampoco garantiza que el dinero para poder pagar la deuda no salga de los sectores más vulnerados. Para que el saldo positivo de este acuerdo se sedimente en el tiempo se debe modificar las normativas que habilitaron las operaciones hiperconcentradas de fuga y evasión mientras que, al mismo tiempo, se reestructure la matriz productiva en pos de avanzar en la cadena de valor agregado. Sólo así se logrará que esta victoria coyuntural sea un parteaguas en la historia argentina.

 

Texto: Pablo Diz. Laburante y militante político de la Plataforma por una Nueva Mayoría en el Frente Patria Grande.

Imagen: Diario del Oeste.

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