Democracia, solidaridad y soberanía

La vida política argentina tiene como característica la velocidad de sus cambios. Lo que en muchos países puede llevar procesos de décadas en este país se desarrolla en pocos años. Así los años se vuelven meses; los meses, semanas y las semanas, días. Luego del anuncio del gobierno de ir por el control estatal de la empresa Vicentin explotó una nueva oleada desestabilizadora que busca horadar al gobierno electo hace menos de un año. El empresariado es enemigo de toda intervención del Estado en la economía porque sospecha en ella los cambios estructurales que chocan con sus intereses. Así se dieron posicionamientos empresariales, movilizaciones en distintos puntos del país y el periodismo de guerra de los multimedios. Ya sea a través de la expropiación o de la intervención con el aval judicial, el trasfondo es que el Estado tomaría control activo de la empresa y expulsaría al directorio que estafó a la banca pública, a la banca privada y a miles de productores de granos. 

Hace algunas semanas pensábamos, desde el contexto de la pandemia de COVID-19, en una economía al servicio de la vida, un modelo que se centre en la solidaridad para salir del mal paso en el que nos puso el modelo neoliberal macrista. Hace algunos días tomando el eje de los anuncios sobre Vicentin reflexionábamos sobre el rol de la soberanía como fuerza rectora de las medidas del nuevo gobierno. Hoy podríamos realizar un ejercicio similar para pensar cómo discernir la etapa política argentina, los alcances y fuerzas sociales en batalla, desde el prisma de la defensa de la democracia. Se trata de un juego donde las reglas se tuercen o modifican en el tiempo. Lo que se llama estabilidad democrática no debe ser confundido con un momento de “calma”, puesto que la vida política es un sinfín de tensiones, pujas y esfuerzos entre diferentes sectores para ganar más terreno en lo económico, social y cultural. No es de extrañar que quienes concentran el poder tengan más recursos para doblar las reglas en su favor y que, cuando no puedan hacerlo, intenten directamente romperlas.

Un continente condicionado

En los últimos 11 años América volvió a ver sus gobiernos truncos o condicionados en muchos países. En estos días se cumple un nuevo aniversario del 28 de junio de 2009 en que se sucedió el primer golpe de esta etapa cuando las Fuerzas Armadas depusieron a Manuel Zelaya en Honduras;  luego le siguió Paraguay con el juicio político a Fernando Lugo que concluyó el 22 de junio de 2012 e inauguró el sistema de golpes blandos que se volvería una constante en el continente. De esta manera son las propias fuerzas políticas las que, apoyadas por grupos económicos y la acción decidida del poder judicial de cada país las que asumen los costos de destituir a los presidentes y gobernantes de perfiles populares. La escalada no paró hasta trastocar todo el mapa político del sur del continente. Los últimos casos fueron el de Brasil que tuvo una doble maniobra con la destitución de Dilma Rousseff en 2016 y la bochornosa prisión a Lula da Silva en 2017, para que no ganara las elecciones presidenciales; y la de Bolivia con un golpe combinado de fuerzas cívico-políticas y militares que dio por tierra en 2019 con el gobierno que construyó el proceso de mayor crecimiento económico y bienestar de ese país.

Es importante centrarse en el rol que cumple el sistema judicial y el conocido “lawfare” para entender procesos como, por ejemplo, los que se viven en Ecuador. Allí tras el timonazo de gobierno de Lenin Moreno se levantó una campaña judicial contra quien fuera el líder político y el referente indiscutido de la revolución ciudadana Rafael Correa, quien se encuentra expulsado política y físicamente de su país. Un proceso similar se buscó construir en Argentina tras las figura de Cristina Fernández de Kirchner, lo que aceleró el proceso de unidad política en su defensa, cuando sectores sociales que no habían formado parte de su gobierno hasta el 2015, entendieron que esto se trataba de un proceso para erosionar a la principal figura opositora.

De este repaso, entendemos que el valor de la democracia no está garantizado en nuestro continente y que, a decir verdad, casi no existen países en la región cuya política no esté condicionada de forma interna o externa. Existen países cuya estabilidad reside en que el sistema político aún es deudor del Plan Cóndor y los procesos de las últimas dictaduras del siglo XX, como Chile; otros donde las reglas internas tienen una fuerte injerencia de actores políticos externos (sobre todo EEUU) como Perú o Colombia; otros se encuentran bajo constante asedio provocando condicionamientos económicos y sociales muy duros como sucede en Venezuela. Los demás países directamente fueron atacados por vía militar y judicial. Hoy en día podemos decir que las democracias con más calidad a nivel regional son las de Uruguay y Argentina.

Economía solidaria y una planificación soberana

El gobierno del frente Cambiemos en la Argentina fue clausurado tras apenas un mandato. Luego de conquistar una leve mayoría social en 2015 y una confirmación de rumbo en las elecciones de 2017, perdió la reelección en 2019 de modo aplastante, con un duro golpe para las dos figuras presidenciables más marcadas (la ex-gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y el propio ex-presidente, Mauricio Macri). El apoyo popular al gobierno que prometía el “cambio” de raíz en las identidades políticas desterrando al populismo y levantando una estructura meritocrática se ahogó por el mismo peso de esas premisas. Contradiciendo el discurso del mérito fue el Estado quien tomó un rol activo como árbitro en beneficio de los poderosos, al mismo tiempo el endeudamiento sin control y la fuga de capitales volvió a poner a nuestro país bajo el tutelaje político del FMI. Su política económica generó transferencia de ingresos hacia los sectores concentrados, haciendo al rico más rico y al pobre más pobre. La falta de apoyo a Cambiemos nació de la movilización popular como castigo no por la “falta de resultados”, sino porque los resultados que exhibían fueron una economía poco solidaria, con menos oportunidades y una política tutelada desde el extranjero.

El gobierno del Frente de TODES asumió con la difícil tarea de campear la crisis que generaron los que ahora se volvían oposición. Una deuda externa impagable junto a la fuerte y constante caída tanto del consumo como de la producción, a lo que se sumaba la inflación desatada por la falta de control de precios y las subas avaladas por el pasado gobierno en los servicios esenciales. Entonces, a la crisis de restricción externa (la constante dependencia de bienes que no podemos producir como los dólares para impulsar el crecimiento interno), el gobierno macrista le había sumado un fuerte retroceso en los niveles de vida que las mayorías sociales habían conseguido entre 2003 y 2015. La pandemia por COVID-19 vino a acelerar el cuadro y a poner en evidencia todos los problemas actuales: la pobreza estructural, la debilidad de las PYMEs producto de la falta de apoyo gubernamental, la informalidad laboral y los magros ingresos de quienes trabajan en blanco. Pero nada de esto supone una “desestabilización”, ya que en las encuestas siguen demostrando un fuerte apoyo a la política sanitaria y a los esfuerzos del gobierno nacional (con sus problemas y limitaciones) para evitar un golpe más duro recaiga en quienes menos tienen.

Vale recordar que Alberto Fernández asumió el 10 de diciembre de 2019 (hace menos de siete meses) y en el tiempo previo a la pandemia ya se habían lanzado programas redistributivos como la Tarjeta Alimentar o la vuelta de Conectar Igualdad. Durante la pandemia se generaron bonos para las diferentes asignaciones y se creó el IFE que alcanzará un tercer pago para las zonas más afectadas por el coronavirus. Claro está que no hay que minimizar los problemas en la cobranza de esas asignaciones y las demoras que terminaron liquidando parte de los ingresos. Más allá de los errores y de que aún persisten problemas burocráticos en el Estado, la organización económica se encamina a un modelo donde la solidaridad se centra en reconstruir niveles de consumo y bienestar. Todo esto se encontró duramente cuestionado por la oposición política que pide menos “planes” y más salvataje empresarial. A fin de cuentas, se oponen a las medidas más solidarias con el pueblo mientras que levantan la bandera de la necesidad de acabar con la cuarentena y liberación de la actividad económica.

Al mismo tiempo se avanza en otro tipo de relación respecto a la soberanía nacional: primero respecto al FMI y luego con los tenedores de bonos extranjeros. Pero también con las empresas y corporaciones nacionales que vieron en el macrismo una fuerza que les permitiría saquear y fugar sus riquezas sin mayores problemas. Tal es el caso de Vicentin que desfalcó al Estado y también al sector privado declarando la cesación de pagos cuando no existía en sus balances o en sus ingresos ninguna cuestión que evidencie tal malestar. La declaración de que el salvataje de la empresa sería por medio de un proceso de nacionalización (mediante expropiación o intervención judicial) fue el detonante de una contraofensiva empresarial que defiende la condición privada de los activos de la compañía (extrañamente parece que para estos sectores es un problema que los activos de una empresa se nacionalicen, aunque no es un problema que sus pasivos lo hagan). El empresariado y sus cámaras respondieron fuerte y virulentamente y la oposición comenzó a levantar una revuelta civil “en defensa de la propiedad privada” y los medios masivos azuzaron un “clima a 125”.

Cuando la soberanía y la solidaridad son las reglas, tiembla la democracia

La Asociación Empresaria Argentina, el Foro de Convergencia Empresarial y, en menor medida, la Unión Industrial Argentina chocaron desde un primer momento con la intervención del Estado en Vicentin. La operación mediática fue constante y la protección de los multimedios le permitió a la oposición (que fue la causante de la debacle en primera instancia) posicionarse en defensa de la empresa privada en los programas de la tarde sin que ninguna repregunta los pusiera en evidencia que defender la propiedad privada del estafador significa en este caso atacar la propiedad pública de todes. Así dicen que el problema es la “inconstitucionalidad de la intervención” (porque toda medida que no agrada al empresariado es declarada “inconstitucional”), que la “expropiación es una medida que destruye la inversión privada” (la cual no paró de caer en los cuatro años del ex-presidente “amigo de los mercados”), que “la empresa tiene medios suficientes para salir de esta crisis y las medidas son excesivas” (aunque la empresa estÉ en default desde diciembre pasado y todas las salidas planeadas hasta el momento fueron infructuosas), que la Argentina “ya tiene soberanía alimentaria” porque produce comida para varias veces la cantidad de sus habitantes (aunque el INDEC señala que Macri dejó un 35,5% de pobres de los cuales un 8% son indigentes). Es decir, agitan el fantasma de que toda medida popular nos pone en el camino a ser “Argenzuela”. Las excusas están a la orden del día y nunca se señala el accionar de la empresa como un problema y se apuesta a que el gobierno nacional acepte de buena manera el “paga dios”. En última instancia, esta defensa de la propiedad privada esconde la defensa a la intervención sumisa del Estado en la economía favoreciendo siempre a los más poderosos.

Más allá de Cambiemos como fuerza política, son los sectores que representan quienes buscan esmerilar a un gobierno que acaba de asumir en medio de una pandemia mundial. Los datos de la caída económica durante el primer trimestre refuerzan que la crisis argentina empezó mucho antes de la cuarentena e incluso antes del gobierno de TODES. Pero el problema que estos sectores buscan resolver no es que se supere el mal momento, sino que no se toquen sus intereses. Se entretienen en el juego de la democracia sólo mientras les conviene: habitualmente doblan y tuercen las reglas en su favor, pero cuando de todas maneras ven que pierden el poder (no electoral sino poder real), no tienen miedo en avanzar para romper esas reglas.

América Latina tiene gobiernos endebles y una política constantemente sometida a mandatos foráneos. Los últimos 11 años mostraron qué sucede cuando se levantan políticas solidarias y soberanas en el continente. No existe país en la región que pueda demostrar una democracia fuerte e inclusiva al mismo tiempo. La participación política de las mayorías es un bien preciado que hay que proteger mientras logramos que se expanda y mejore con más inclusión. En nuestro país dijimos “Nunca más” y logramos algo sin precedentes con los juicios y cárceles a los militares dictadores (aunque sigue pendiente avanzar sobre los socios civiles de la dictadura). Pero los golpes se actualizaron y hoy se arman desde los partidos judiciales y mediáticos con la fuerza de los mismos grupos económicos que participaron en el pasado. En última instancia podemos entender que cuando denuncian “Argenzuela” es tanto una acusación como una amenaza y esto último es lo realmente importante, pues están dispuestos a que condicionen al país por medio de restricciones y embargos, siempre y cuando sus riquezas queden intactas.

 

Texto: Pablo Diz. Laburante y militante político de la Plataforma por una Nueva Mayoría en el Frente Patria Grande.

Imagen: tomada de Infobae.

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