La expropiación de Vicentin y la pelea por una política soberana

El martes de la semana pasada al mediodía un rumor comenzó a circular por medios y ya se decía que el gobierno había tomado medidas importantes sobre la empresa Vicentin, uno de los escándalos más resonantes de la política macrista en los últimos meses de su gobierno (y eso que hay varios). Esa misma tarde el presidente Alberto Fernández en conferencia de prensa difundió junto al Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y a la senadora Anabel Fernández Sagasti la planificación de un proceso de intervención de la firma y la creación de un fondo fiduciario controlado por YPF Agro que maneje los activos de la compañía por medio de una ley que la declare “de utilidad pública”. El trasfondo de estas medidas es muy profundo y tiene muchas aristas que van desde el financiamiento de las campañas políticas, al desfalco del Estado, patrocinado por el exdirector del Banco Nación durante la gestión de Cambiemos, Javier González Fraga.

La oposición política y mediática montó un raid de opiniones adversas, cacelorazos y movilizaciones en contra de la intervención estatal en materia económica en abstracto. Aún más importante y con una celeridad envidiable, las cámaras empresariales salieron al cruce en respeto, específicamente, de la propiedad privada y no de cualquiera, sino la suya y a “derecho” a volver públicas sus deudas. Todo ungido en lecturas sin historia ni contexto, sin matices ni respuestas ante los problemas de fondo que ya significaba el caso Vicentin antes de las medidas declaradas.

El conflicto en datos

La empresa Vicentín SAIC se creó en 1929 y en 1957 se constituyó como sociedad anónima con oficinas centrales en la localidad santafecina de Avellaneda y plantas de cereales y oleaginosas en esa ciudad, en San Lorenzo y en Ricardone, también en Santa Fe. En todo este tiempo llegó a convertirse en la sexta agroexportadora del país y la principal empresa en el negocio de molienda de oleaginosas debido a su capacidad de tratamiento y a su capacidad instalada. Además, en la actualidad, se destaca en el rubro por tratarse de capitales nacionales, ya que la mayoría de las empresas pasaron por un fuerte proceso de extranjerización de su capital. 

Hoy Vicentin se organiza en forma de un holding que controla a Vicentin SAIC y a Vicentin Family Group que retiene otros negocios y que no están en default: la producción de biodisel, la producción textil, la subsidiaria Vicentin Family Wines de Mendoza, el frigorífico Friar, la láctea Arsa, la Algodonera Avellaneda, feedlots, productora de miel, la fábrica de jugos y sobre todo el control de la mitad de la Terminal Puerto Rosario.

El 4 de diciembre 2019, la sociedad Vicentin SAIC anunció públicamente a sus acreedores que se encontraba en una situación de “estrés financiero” y no podría afrontar sus obligaciones por lo que entró en cesación de pagos a partir de ese momento. El 16 de enero de 2020, el Banco Nación publicó el “Primer Informe sobre la situación de la firma Vicentin” en el que se analizó la situación económica de la misma y los préstamos otorgados por la anterior gestión del banco. Para el 10 de febrero la empresa solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores y en esa presentación se constató que la cantidad de acreedores denunciados fueron 2.638. Previo a ello, el 6 de febrero la firma “Gagliardo Agrícola Ganadera SA” ingresó en los Tribunales de Rosario con el primer pedido de quiebra de Vicentin.

La agroexportadora se encuentra en default y acumula deudas a bancos y acreedores. También están expectantes ante esta situación los más de 7000 empleados que posee la empresa y que, en algunos casos, ya habían denunciado que esta les informó que comenzaría a pagar los sueldos en dos partes y que pedía la excepción del abono de cargas sociales por dos años.

De la deuda financiera con el sector bancario argentino, el 88% corresponde a la banca pública, encabezada por el Banco de la Nación Argentina que concentra el 80% de la deuda financiera de Vicentin. El endeudamiento de Vicentin en el Banco Nación entre 2015 y 2019 pasó de US$ 150 millones a más de US$ 300 millones. La mayor parte de los créditos se sumó en el último año y durante el último mes de gestión del macrismo recibió US$ 86,6 millones en créditos, a razón de casi un crédito por día. Fueron 28 créditos sobre un total de 72 en el año. De esta forma, el 40% se aprobó pocos días antes de que la empresa se declarara en “estrés financiero”.

Una medida llamada a romper lanzas

El anuncio de la intervención y posterior expropiación de Vicentin movió las aguas y el empresariado, que hasta ayer se colgaba del Estado reclamando salvatajes, hoy denuncia la violación del más santo de sus derechos. Y es que tocar la propiedad privada nunca es fácil y, de antemano, supone una acción con resistencia del capital concentrado por lo que nunca es una decisión a tomarse a la ligera. Las cámaras empresariales salieron al cruce del presidente y remarcaron su credo neoliberal pidiendo que el Estado no se metiera en los asuntos del mercado. ¿Las razones? Bueno, son variadas.

Por un lado, se dice que el accionar de la política acarrea siempre una cuota de corrupción; que el “deber ser” del Estado, que es velar por los derechos y libertades, debe actuar por fuera de la lógica mercantil; y también se señala que los procesos de expropiación siempre terminan en juicios perdidos y en sumas cuantiosas de compensaciones que pagamos les ciudadanes con nuestros impuestos. Desde el pensamiento neoliberal se jactan de que la acción es moralmente inaceptable y que además es (como siempre dicen) inconstitucional. Pero estas razones muestran su naturaleza ante la vileza de la situación de Vicentin: ¿acaso no es la corrupción estatal, y sobretodo privada, la que puso a la empresa en default y prácticamente en la quiebra? ¿Y no habla peor del mercado admitir la incompatibilidad de su accionar con la garantía de bienestar y soberanía del pueblo? Las expropiaciones no son costosas porque se hacen mal sino porque se hacen y punto. Es una suerte de canon que busca quebrar toda voluntad de intervenir en el mercado de forma soberana. Retengamos esta idea para desarrollarla luego.

Desde el campo ideológico del pensamiento popular también nacieron críticas que se centran en que el proceso no está bien encarado y que se debió realizar de otra manera para conseguir una mayoría de apoyo y garantizar la efectividad de la expropiación en el tiempo. Si bien es verdad que toda medida lanzada desde un proyecto político debe buscar conectar y aglutinar un sentido de mayoría para instalarse en el sentido común, es un error pensar ese proceso como si existiera una fórmula del éxito. Crear mayorías es una tarea ardua que necesita una constante revisión. El pasado reciente demostró que incluso las medidas construidas con acuerdos plurales, apoyos civiles diversos y amplia aceptación social (por ejemplo la Ley de servicios de comunicación audiovisual y el Plan Conectar Igualdad) pudieron ser desmontadas por el macrismo por medio de decretos y sin mayor repercusión. La expropiación como medida debe realizarse en el mejor marco y proyecto posible, pero no hay que engañarse ya que la presión que se recibirá tomará formas jurídicas y morales, pero en verdad responde a intereses económicos y políticos.

Tampoco es cierto, por mal que le pese a los oligopolios mediáticos, que la Argentina esté entrando en un “clima 125” en referencia a la victoria que consiguió el sector agroexportador cuando en 2008 construyó una mayoría política que frenó la medida redistributiva que tomaba parte de la renta extraordinaria para mantener las políticas sociales expansivas. Eso se debe a varias cuestiones: primero ya no estamos en el “boom de las comodities” y el sector del agro (que sigue siendo central a nivel nacional) no tiene el margen económico para prescindir del apoyo estestatal. En segundo lugar, existe una lectura de la crisis reciente del país que deja mal paradas a las fuerzas políticas neoliberales y no les resulta tan fácil encontrar apoyo en los sectores medios y populares que fueron duramente castigados por el macrismo los últimos cuatro años. En tercer lugar, existe un quiebre político en el frente que la Sociedad Rural había conseguido en 2008 gracias a que el gobierno de Cambiemos también generó una fuerte desigualdad de beneficios entre los sectores financieros e industriales, que no pudo sellarse por los márgenes de ganancia extraordinarios del agro como existían hace diez años. Las medidas que el gobierno viene trabajando, como el impuesto a las grandes riquezas o la misma expropiación de Vicentin, demuestran otro momento de la correlación de fuerzas.

Aunque no se lo muestre el Estado siempre está

Que exista un nuevo momento de la correlación de fuerzas entre los modelos políticos no debería entenderse de forma pasiva puesto que aún en la situación crítica en que dejó al país el macrismo logró un apoyo del 40% en las elecciones de 2019. Es necesario medir y considerar la nueva etapa abierta, pensar y repensar las medidas construyendo los acuerdos necesarios y afianzando una nueva mayoría social.

El problema es que a la Argentina no le sobra tiempo: tenemos de manera sincronizada una crisis de deuda externa, la caída constante de la producción y el consumo, la inflación desatada que molió el poder adquisitivo de la población y una pandemia global que señala como nunca la precariedad de nuestro sistema sanitario. Es por eso que la coalición de gobierno que a primera vista podría juzgarse de “amplia” y “poco definida” parece tomar una tras otra las medidas que muchos llamarían “de avanzada”. Obviamente siempre están suscriptas a lecturas puntuales y no a modos generales de operar y eso es sensato cuando uno se mueve en terreno tan pantanoso y con tan pocas certezas de futuro.

Vicentin nos actualiza la constante pelea entre los modelos sociales y económicos, opuestos al mismo tiempo, que corre un poco más el velo de lo que significa el Estado para cada uno. Es que para el neoliberalismo autóctono la intervención Estatal sólo está mal si se hace de forma soberana. Hay otras intervenciones estatales que nunca son cuestionadas como los préstamos sin miramientos ni condiciones, las estatizaciones de la deuda privada, los andamiajes jurídicos y organizativos que permiten e incluso fomentan la evasión fiscal, la fuga de dólares y la presión para reducir los costos laborales (o sea, bajar salarios). Cuando el Estado está para garantizar sus negocios y socializar sus pérdidas no existe ninguna queja. En América Latina, el neoliberalismo es más conservador que liberal y la puja no es tanto por un “Estado mínimo”, sino por un “Estado sometido”. La puja siempre es por el control del destino de la sociedad. Hoy no existe forma de disimular el contenido ideológico de los que se oponen a la expropiación pues el manejo de la empresa desnuda la corrupción del sector privado y el desfalco al Estado expone la verdad parasitaria de quienes levantan la meritocracia como forma de éxito de la boca para afuera.

Al mismo tiempo intervenir y expropiar la empresa significa mucho más que un simple acto de retribución, sino que permite proyectar la importancia de la soberanía como eje rector de la nueva etapa política. El sector agroexportador es esencial a la economía del país y contar con una empresa testigo estatal es clave para poder pensar, no solo en una política alimentaria soberana, sino que los sectores financiero y exportador no deben responder sólo a la lógica de la ganancia privada: también deben velar por el bienestar social y la soberanía nacional.

 

Texto: Pablo Diz. Laburante y militante político de la Plataforma por una Nueva Mayoría en el Frente Patria Grande.

Imagen: tomada de Diario Clarín.

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