Las penas son de nosotres, las vaquitas son ajenas

La pandemia de COVID-19 concentra la atención periodística y cuando la economía o la situación política-social saltan a la mesa de discusión, suele ser como excusa de algunos sectores para presionar por la apertura económica. Pero incluso bajo este formato la discusión tiene sus enseñanzas.

Las pujas políticas en la actualidad parecieran ser tres: en primer lugar sucede que a las negociaciones para la reestructuración de la deuda con acreedores privados se le sumó un informe del Banco Central que señala que entre 2016 y 2019 la fuga de capitales superó los US$ 86.000 millones; segundo, la propuesta de un impuesto a las grandes fortunas y la presión de los sectores concentrados bajo el discurso “en la Argentina no se puede poner más impuestos porque la carga impositiva es de las más grandes del mundo”; y por último, la amenaza de una crisis económica por mantener la cuarentena.

La oposición entre vida y economía es, al menos de esa forma, falsa. Lo que sucede en verdad es que cada propuesta de modelo social-político tiene efectos sociales y humanos. Esto no es una revelación, pero partiendo de ahí podemos entender quién es quién en este juego y ver la continuidad patente entre los buscan beneficios para sí mismos y los que ataca que el Estado tenga un rol activo y tome medidas populares. En cada caso, nos sirve ver la actualidad en el espejo de la historia reciente de nuestro país.

Deuda presente, riqueza fugada

La deuda macrista es todo un hito en la economía mundial pues se trata de un gobierno que asumió con una deuda baja respecto a su PBI y se endeudó a tal ritmo que durante su mismo mandato el país entró en un default selectivo. Claramente, en 2015 existían problemas pero se trataba de situaciones que, bien o mal, podían ser resueltas sin provocar un descalabro económico. La imagen del 2019 fue completamente diferente: la deuda judicializable en el exterior creció en 116%, mientras que en relación a la deuda con organismos multilaterales (principalmente con el FMI) el crecimiento fue de 241%. El resultado es una deuda impagable por su peso, por su calendario de vencimientos y por falta de estructura económica interna que pueda producir ese nivel de riqueza. Eso hizo que el Ministro de Economía, Martín Guzmán, comenezara un proceso de negociación para la reestructuración de deuda a contrareloj y, ante una primera oferta del gobierno nacional, los acreedores privados se mantienen firmes presionando.

La pregunta que salta a la mente es: ¿cómo? ¿Cómo es posible que con un nivel de ingresos por deuda tan altos la situación productiva, no sólo no creciera, sino que cayera drásticamente durante el gobierno de Mauricio Macri? En el texto publicado por el Banco Central se demuestra que la contraparte de la deuda contraída por Cambiemos fue el crecimiento record de la fuga de capitales. Y no se habla aquí del pequeño ahorrista que pone sus reservas en dólares por miedo a una devaluación, sino de un proceso ultraconcentrado empujado por corporaciones e individuos que afecta directamente el valor de la moneda nacional y destruye las reservas. De los US$ 86.000 millones fugados durante el anterior gobierno más de la mitad se explica por la acción del 1% de las empresas y sólo contando 1000 individuos se acumula la fuga de US$ 42.338 millones. La comisión bicameral de investigación sobre la deuda externa llamó a una reunión de emergencia y pidió que se profundicen los datos de la investigación. El nivel de concentración de ese proceso  evidencia que lo que sucedió es que les argentines nos endeudamos con el mundo y el FMI para que las corporaciones compraran dólares para uso en operaciones financieras y sacaran del país esos beneficios sin ningún control o ganancia para el Estado o el pueblo.

La fuga de capitales no es un problema nuevo, pero durante el gobierno de Cambiemos se dieron un conjunto de políticas públicas que la beneficiaron y promovieron. Estas van desde la quita de los controles cambiarios en diciembre de 2015, la flexibilización de las restricciones de movilidad de capitales (tiempo de permanencia de los capitales en el mercado nacional), la eliminación de pedidos de informe y justificaciones para operaciones financieras, y la quita de obligatoriedad de liquidación de las divisas vinculadas a las exportaciones. Sin duda alguna el sector financiero fue el gran ganador de estas políticas que no llamaban a la inversión industrial o de largo plazo, sino al capital especulativo. Revisar el proceso de toma de deuda y fuga nos presenta ante la posibilidad, no sólo de enjuiciar a aquellos que adrede provocaron un daño al Estado, sino de revisar y modificar el andamiaje legislativo que permetió esto en nuestro país.

Rico es quien no paga

Al momento de asumir el actual gobierno, el presidente Alberto Fernández señaló que la madre de todas las batallas se encontraba en el proceso de reestructuración de deuda. Desde allí saldría la posibilidad de avanzar en una política económica que apuntara a frenar la caída de la producción nacional y a fomentar tanto el consumo interno como la exportación. Pero el 3 de marzo (a menos de tres meses de asumir) se encontró con el primer caso de COVID-19 en el país, lo que cambió el contexto y la forma en que se desarrollaba la crisis heredada.

La Argentina recibió el 2020 (de acuerdo al INDEC) con un desempleo del 8.9%, una tasa de ocupados demandantes del 19%, una informalidad laboral trepando a más del 33%, la línea de pobreza sobrepasando el 35.5% de la población y la de indigencia, el 8%. Los datos de la contracción económica producidos por la pandemia hicieron saltar por los aires esos números, profundizando la caída en la producción de bienes, aumentando los precios y eliminando la posibilidad de desarrollo de los trabajos informales que no cuentan con seguridades ni marco regulatorio. El gobierno argentino respondió con una serie de medidas que apuntan a beneficiar a la población directamente y a proteger el trabajo nacional: la IFE, los créditos a tasa 0% para productores, el pago de salarios por parte del Estado, los bonos de emergencia para beneficiarios de la seguridad social y las jubilaciones mínimas, las prohibiciones de aumentos de servicios y de los despidos son sólo algunas de las medidas que suponen un gran esfuerzo del arca pública. 

El problema es cómo se financiarán estas medidas y todos aquellos gastos sociales para evitar que la pandemia mundial arrase con la ya precaria economía nacional. Porque el dinero tiene que salir de algún lado y de las tres posibilidades de financiamiento una se encuentra vetada, ya que con el alto endeudamiento y el default técnico en el que Macri dejó al país es imposible la emisión de deuda. Las salidas pueden ser la destrucción del costo de producción y el ajuste, promoviendo una reducción de salarios, aumento del desempleo y una hiperdevaluación o se tiene que apuntar a que el aporte sea más equitativo y quienes más tienen, más pongan. Son medidas contrapuestas y representan respectivamente enfoques de carácter regresivo o progresivo. El impuesto a las grandes riquezas se trata de que el costo de esta caída económica sea abonado por quienes no sólo no fueron afectados por el modelo neoliberal del periodo anterior, sino que se beneficiaron de él. Quienes atacan esta medida no pueden explicar (o evitan hacerlo por miedo a quedar en evidencia) que decir “los ricos no pueden pagar más impuestos” significa en realidad “la crisis tienen que pagarla les millones de pobres del país”. Optar porque sean los que fugaron dólares, los que tuvieron ganancias siderales y se enriquecieron de forma obscena a costa del daño económico a la Argentina es sólo una cuestión de defensa propia. 

La nueva-vieja preocupación por la economía local

El gobierno consciente de que la crisis económica ya estaba en pleno desarrollo a nivel localy que lo que se avecinaba era una crisis planetaria definió un plan con mucho sentido al avocarse al frente sanitario entendiendo que la vida era el elemento fundamental a defender y que la contracción económica sería inevitable a escala mundial.

La idea de “salvar la economía” no es nueva, esta propuesta es directamente deudora de la solución que los países centrales le dieron a la crisis financiera que comenzó en el 2008 con el quiebre de algunos megabancos. Ante aquel trance las potencias mundiales decidieron un salvataje estatal con el que se pagó la locura bancaria. Al final del día todo el mundo fue más pobre para que un puñado de banqueros mantuviera sus negocios (los cuales tampoco se vieron condicionados por la política o la presión ciudadana y no tardaron en volver a sus viejas prácticas). La idea de una “economía salvada” se difraza como protección al trabajo formal y al bienestar de la población, pero es común que dentro de las medidas pedidas esté la “flexibilización laboral” o la libertad para despedir; a fin de cuentas la “vida” no es más que otra variable sobre la cual pueden aplicar un ajuste en beneficio propio. Basta con ver a los países limítrofes de la Argentina para darse cuenta que la apertura económica no sólo causa más muertes sino que no evita ni amortigua la crisis económica, falta ver los resultados futuros de este “salvataje”, pero no sorprendería que concluyera en economías más concentradas y desiguales.

Bajo el solapado interés de “ponerle un respirador a la economía” sectores de la derecha siguen pujando por una flexibilización de la cuarentena en cualquiera de sus formas. Nuevamente existe una verdad inconfesable puesto que “salvar la economía” significa levantar la restricción de la movilidad en la población para defender la riqueza de los grupos concentrados. Los ricos buscan la complicidad del cuentapropista para atacar el valor de lo público y recolocar al mercado como la fuente organizadora de lo social con un Estado mínimo. Pero cuando los contagios se disparen y la economía siga en caída la derecha volverá a pregonar la meritocracia y el “sálvese quien pueda”.

Modelos económicos y sociales en pugna

Estos tres problemas son parte de un solo debate en el que las fuerzas reaccionaras de la Argentina se rompen y radicalizan cada vez más. La coherencia entre sus propuestas se pone en evidencia por la necesidad de defender sus intereses y no prometen falsas mejoras sino que juegan con el miedo y la incertidumbre de la población. Son los mismos unos y otros: los beneficiados del modelo neoliberal que tuvieron ganancias siderales y usaron la flexibilización financiera generada por el macrismo para fugar los dólares dejándole a la población una deuda impagable. Los que quieren flexibilizar la cuarentena beneficiando la economía, pero al mismo tiempo no quieren pagar impuestos que permitan financiar los costos de la crisis generada por la pandemia.

El otro modelo es el que entiende la economía y la sanidad con una mirada humanista, no inventa quimeras y la explicación resulta más que sencilla porque es la vida y su bienestar la razón de tener una política económica y sanitaria. Es claro que en este contexto no existe una medida que garantice un resultado y esto es explotado por algunos aludiendo ataques a la libertad o falta de previsibilidad. Pero el apoyo que recibe el gobierno por sus políticas en medio de esta pandemia evidencia que el interés general se mantiene más apegado a esta visión del mundo.

Estos modelos están en lucha desde mucho antes de la llamada “grieta” y la crisis sanitaria no va a parar eso. Cuando los economistas liberales y los políticos conservadores piden “salvar la economía” se desnudan de sus ropajes meritócratas y se muestran tan parasitarios, como son “que el riesgo lo corran los otros y que la crisis la paguen los demás”. Para esta gente la ganancia es siempre privada y las pérdidas son siempre públicas.

 

Texto: Pablo Diz. Laburante y militante político de la Plataforma por una Nueva Mayoría en el Frente Patria Grande.

Imagen: Perfil.

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