No sólo el coronavirus acecha en las cárceles

La pandemia mundial que desató el coronavirus puso sobre la mesa la capacidad de respuesta de las distintas instituciones estatales y no estatales ante la llegada de riesgos sanitarios de magnitudes descontroladas, y evidentemente, en cada país fue distinta. Las cárceles no sólo de Argentina, sino del mundo, fueron atravesadas por este problema. Esto puede estar vinculado a la naturaleza de los hechos delictivos en cada sociedad, las concepciones culturales sobre el delito y las condenas correspondientes, como también a la posibilidad de respuesta de las instituciones a cargo. 

En distintos países de Europa, Asia y África se avanzó con la excarcelación de detenidos y condenados. Se encontraron ante esta necesidad debido a las crecientes tasas de encarcelamiento de la población, probablemente producto del aumento de las desigualdades sociales que es la otra pandemia que azota al mundo. 

En Argentina, ¿se puede avanzar hacia una excarcelación? Esta se ha convertido en la exigencia de buena parte de la población presa, familiares y organizaciones u organismos que postulan alternativas al encarcelamiento masivo y sostenido que se viene dando hace años. No se precisaba llegar a una situación pandémica para que las cárceles y sus reclamos desborden. Tampoco es la primera vez que las enfermedades dicen presente con fuerza en las cárceles ni llegan con la certeza de poder alojarse cómodamente. Hantavirus, tuberculosis, VIH y toda una variedad de enfermedades mal atendidas o directamente desatendidas, son parte de un combo que llevó a la Comisión Provincial por la Memoria a nombrar a las condiciones de salubridad en las cárceles bonaerenses como una forma más de tortura: 

“La falta o deficiente asistencia de la salud es la principal causa de muerte en el sistema carcelario provincial. De acuerdo al registro anual de la CPM, entre 2008 y 2017 se produjeron 1.343 muertes en cárceles y alcaidías del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), de las cuales por lo menos 862 (64%) fueron por problemas de salud mal o no atendidos. Esto equivale a un promedio de 86 muertes por año y 7 por mes. Esta causa de muerte aumentó un 84% entre los extremos del período, y es la que más creció (…) Enfermarse en la cárcel abre una perspectiva difícil para las personas detenidas: las expectativas de vida son menores que fuera de ella. Esto se refleja, por ejemplo, en la edad a la que mueren: en 2017 (último dato disponible) el 66% de las personas fallecidas por desatención de la salud tenía menos de 55 años y el 40% era menor de 45. Una de cada cuatro era menor de 35”.

Más allá de las objeciones sobre la naturaleza de las personas que están alojadas en los penales, ¿se condice con las leyes penitenciarias o con las leyes sobre los derechos de la ciudadanía que estas sean las condiciones de vida en las prisiones? 

Y si quisiéramos incluir las problemáticas por las cuales la población presa está en las cárceles, ¿con qué datos y con qué nuevos interrogantes nos encontraríamos?

Tomando en cuenta que el 63% de la población carcelaria total se encuentra en “establecimientos penitenciarios federales del área de la Ciudad de Buenos Aires y de las localidades adyacentes a ella de la provincia de Buenos Aires”(1), echemos un vistazo a los datos estadísticos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). 

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Fuente: Informe Anual. Servicio Penitenciario Federal. SNEEP 2018.
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Fuente: Informe Anual. Buenos Aires. SNEEP 2018

En ambos casos, lo llamativo son los debates que especialistas configuran a través de esos números. Para el caso el SPF, cuya población mayoritaria lo está por quebrar la Ley de Estupefacientes, es interesante acudir al informe del CELS, “Guerra contra el narcotráfico. Guerra contra les pobres” publicado en 2019, que explica:

“Los datos sobre causas iniciadas por drogas también muestran el enorme peso que tiene la detención de consumidores en el trabajo policial. Entre 2011 y 2018, según la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), casi un 48% de las causas por drogas iniciadas en la justicia federal del país (89131 causas sobre un total de 187398) se atribuyó a tenencia simple y para consumo. En la CABA, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº12 informó que durante una semana de 2018 ingresaron 277 consultas de las cuales el 58% (162) eran para consumo e implicaron a 346 detenidos. La Fiscalía Federal nº6 registró tendencias similares en un período más extenso: entre 2011 y 2018, el 80% del total de causas que la policía llevó a la fiscalía estuvo relacionado con delitos de drogas” (3)

Sumando estos datos junto con otros que aportan en el informe, les autores apuntan a una conclusión clara: no existe tal guerra contra el narcotráfico, lo que existe es la criminalización del consumo, que por supuesto excluye un verdadero hacerse cargo del problema del narcotráfico. 

En el caso del Servicio Penitenciario Bonaerense, observamos que la principal causa de prisión es el robo y/o tentativa de robo. Este también es un debate interesante para darse, más aún cuando diversas investigaciones señalan que el delito contra la propiedad privada creció y se fue incrementando en aquellos lugares donde las desigualdades sociales son la característica primordial de la sociedad. 

Con esto, no estoy tomando una postura sobre formas de cumplir penas alternativas ni nada por el estilo, no lo hago porque no me considero una especialista en el tema. Lo que quiero demostrar con los datos es que hay que matizar el escenario pintado por los medios hegemónicos y las declaraciones de personas cuya fama les da el poder de influenciar a otras, aun cuando nunca en su vida se hayan aproximado al problema de las cárceles, según lo cual todo lo que hay en la cárcel es un otro que no merece vivir. Ni siquiera se ajusta a la visión dura de Susana Giménez, según quien “el que mata tiene que morir”. Esto no cumple con ningún principio de proporcionalidad. Y no es un tema que nos interese sólo a quienes adherimos a los principios de los derechos humanos. También deben involucrarse en estos debates quienes ven al punitivismo como única alternativa. Los datos están a la vista, la tendencia hacia la prisionización es una tendencia creciente, al menos desde las leyes Blumberg (2004) en adelante, las leyes en su mayoría apuntaron a endurecer más y más las penas, y aquí están sus resultados: el delito nunca dejó de crecer. 

Desde las más variadas posturas, deben hacerse cargo de darse este debate. ¿Para quiénes es funcional la sobrepoblación y el deterioro de las condiciones de encarcelamiento? ¿Qué resultados viene arrojando? ¿A qué fines sirve? ¿Qué sentimientos promueve? 

Hay basta bibliografía al respecto. Yo les invito a forzar estos debates para quienes vociferan a todo volumen que todo lo que hay es monstruoso y mejor que se quede ahí, así, en esas condiciones. A menos que las leyes rompan con cualquier principio de proporcionalidad, las personas que están en prisión por distintos motivos van a seguir saliendo en libertad, y si realmente les interesa la seguridad, deberían prestar atención a las condiciones en que se cumplen las condenas y con qué herramientas salen de allí quienes ya cumplieron con la misma. 

 

(1) http://revistabordes.unpaz.edu.ar/emergencia-penitenciaria-y-emergencia-sanitaria/

 

Texto: Florencia Romero. Originaria de Loma Hermosa. Politóloga de UNSAM. Estudiante de posgrado en UNPAZ. Militante del campo popular. Feminista.

Imagen: tomada de La voz.

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