La resistencia indígena en Ecuador ante el FMI

Violencia neoliberal en forma de paquetazo

El 1 de octubre, el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, anunció la aplicación del decreto 883, un paquetazo económico de los que ya conocemos, ya hemos vivido y entendemos perfectamente qué consecuencias implican para todas y todos. Algunas de las medidas de dicho decreto comprendían la flexibilización laboral, a través de contratos más precarios, reformas tributarias sin una clara orientación y la más importante, la eliminación del subsidio al combustible.

De acuerdo a los ministros, no existían otras alternativas posibles; se justifican en que hay un déficit público que se debe componer y que esto es importante para sostener la dolarización (algo que permea a todas las clases sociales en Ecuador, el temor a salir de la dolarización).

En un contexto de conservación del precio del barril de petróleo, sin desastres naturales, -como el que ocurrió en abril de 2016 que golpeó duramente la economía ecuatoriana- y para recaudar dinero, se subió el IVA un 2%. ¿Por qué Lenin Moreno entonces debería implementar el paquetazo con tanta urgencia? El FMI ya había anunciado lo que esperaba de su títere, condiciones de austeridad para posibilitar más endeudamiento.

Resistencia social

El decreto 883 generó, de forma inmediata, un rechazo popular de todos los actores sociales. El sector indígena ya había manifestado que la eliminación del subsidio afectaría directamente sus pequeñas economías familiares. Leónidas Iza, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, en el diálogo posterior con el gobierno, dio una bella imagen de cómo esto les afecta: “si antes yo colocaba USD 25 para llenar mi tractorcito, ahora me cuesta USD 45; ese dinero ya no va para la escuela de mis hijos, para su educación”.

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El decreto golpeaba a todos los sectores, pero especialmente a los más vulnerables. De acuerdo a datos del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas del Ecuador) 2017, la pobreza rural pasó del 38,2 % en diciembre de 2016 a 43,8 % en junio de 2019; mientras que la extrema pobreza subió de 17,6 % a 17,9 %, en ese período. Estos datos son claves para entender cómo este paquetazo representaba una nueva violación a los derechos constitucionales de los sectores indígenas.

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El estado ecuatoriano, de acuerdo a su constitución, es plurinacional y defiende el Sumak Kawsay o el Buen Vivir, que rescata al derecho ancestral de las comunidades indígenas, el derecho a su territorio, a su justicia, a una educación pluricultural, en fin, a tener una calidad de vida digna. Teniendo esto presente, podemos pensar los 12 días en los cuales el pueblo se movilizó, resistió e intentó abrirse paso en varias instituciones estratégicas, como la Asamblea, la Contraloría y el Palacio de Carondelet. 12 días de paro, de suspensión de transportes, de escuelas, también de censura.

El cerco mediático fue perverso, no se los llamaba “indígenas”, sino “vándalos”. No era el pueblo manifestándose, sino “infiltrados de Maduro y Correa”. La policía reprimía y los medios pasaban novelas; y cuando hablaban de las manifestaciones, lo hacían para nombrar la destrucción de los bienes y no de las vidas.

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12 días que se vivió una solidaridad maravillosa, donde el pueblo se organizó con donaciones para apoyar la lucha de la comunidad indígena.

12 días de resistencia y ejemplo de lucha, como es el caso de la manifestación de mujeres indígenas y otras organizaciones feministas recordando e invocando a Dolores Cacuango.

La represión de la policía dejó muertos y heridos. La asquerosidad de la policía se hacía sentir cuando invadía zonas de paz, cuando acorralaban entre varios a un solo manifestante, cuando lanzaban bombas lacrimógenas en medio del parque donde había niños y niñas.

Diálogo de “paz” y victoria

El domingo 13 de octubre, el gobierno de Lenin Moreno y representantes del sector indígena dialogaron en cadena nacional. Esta cadena fue muy importante, sirvió para visibilizar nuevos líderes, para desmentir todas las fake news hechas por los medios y para empoderar al pueblo. Los representantes del sector indígena, Jaime Vargas -presidente de la CONAIE- (Confederación de nacionalidad indígena), Leónidas Iza y Miriam Cisneros -presidenta del pueblo Sarayaku- expusieron cómo esto impacta en sus vidas y cómo nunca habían vivido tremenda represión durante el gobierno de Correa (con el cual tuvieron conflictos). Eran unánimes en una cuestión: la lucha seguiría si no se eliminaba el decreto 883.

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Lenin Moreno, finalmente, dejó sin efecto el 883 y ese día, la lucha y resistencia indígena se celebró en todos los bocinazos, canciones, gritos que se escuchaban en cada calle. Sin embargo, a pesar de la presunta victoria, la lucha sigue. NI OLVIDO, NI PERDÓN a la represión y los muertos de las protestas. El Estado tiene la responsabilidad de haber perdido vidas. La lucha sigue porque muchos dirigentes son perseguidos, porque la minería les afecta y les mata -tema para otro debate-.

Esta insurrección quedará en la memoria colectiva como “la lucha y victoria indígena”.

 

Texto: Vanessa Arreyes. Feminista, madre y estudiante de sociología en UBA-UCE. Trabaja como traductora e intérprete. Apasionada por la Patria Grande.

Fotografías: Tania Macera. Historiadora y fotógrafa feminista.

 

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