El desmanejo y las falsas respuestas sobre la inseguridad

Los últimos días fuimos testigos de diferentes casos de gatillo fácil ocurridos en la provincia de Buenos Aires. Los grandes medios aprovecharon la oportunidad para desplegar su morbo y alimentar la postura de las personas que se sienten “representadas” por quienes aprietan el gatillo para matar y por gobernantes que lo habilitan.

Asesinatos como los de les jóvenes de San Miguel del Monte y de Diego Cagliero en el partido de Tres de febrero, tienen un aval que Cambiemos promueve orgullosamente. Esto cobró su forma más explícita a partir del caso del policía Luis Chocobar, quien a fines de 2017 asesinó por la espalda a un ladrón, que había apuñalado a un turista estadounidense y fue recibido y defendido por el presidente Macri y la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

A partir de ese momento, la defensa de la “mano dura” se agudizó, no solamente en términos discursivos, sino con medidas que vienen a premiar e incentivar estas acciones. Una de ellas fue la reglamentación del uso de armas de fuego prácticamente en cualquier circunstancia. Queda claro que, desde el poder, no necesitan dar mayores precisiones sobre el funcionamiento concreto de estas medidas, porque lo que vale es el mensaje inmediato que quieren transmitir y sus principales destinatarios. Tal como declaró a TN la Ministra en diciembre del año pasado: “cuando un policía actúa como policía, ni debería pasar por el juzgado. No debería estar en la cárcel ni medio día”.

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Algo más que un amparo para uniformados

Los “principales destinatarios” de esos mensajes no son sólo miembros de las fuerzas de seguridad, sino también una parte de la población que, como decíamos más arriba, se siente “representada” y defiende el punitivismo que se manifiesta en nuestra sociedad de diferentes modos.

En ese sentido, es importante recordar el caso de Lino Villar Cataldo, un médico de Loma Hermosa (partido de San Martín), que fue absuelto tras haber asesinado a un ladrón en agosto de 2016, momento en el que cobró más fuerza el debate mediático y político sobre la “legítima defensa” y la portación de armas. Los argumentos que comenzaron a circular no fueron casuales y tuvieron objetivos tan claros como dañinos. “No hay que perder de vista que la víctima fue el médico, que es la persona que fue robada y atacada; no nos confundamos”, dijo Patricia Bullrich días después de lo ocurrido. Mientras, de la mano de ello, los medios montaron una especie de novela para contar el camino de sacrificio “personal” que este “héroe” tuvo que recorrer para llegar a ser quién es. Sacrificio que, claro está, no deciden hacer los ladrones y por lo que sus vidas “valen menos”. En definitiva, la televisión expuso el caso como “una historia conmovedora” en consonancia con el gobierno, que nos vende la meritocracia como la forma de vida que nos permitiría “salir adelante” con el esfuerzo individual y en contraposición a quienes “son pobres/roban/viven en la calle porque quieren”.

El gobierno y sus funcionarios manifiestan abiertamente su visión sobre el problema de la inseguridad, que desde 2015 es intrínseca a este modelo de Estado. De ninguna manera la problemática es algo que haya aparecido recién en los últimos años. El accionar de las fuerzas de seguridad y el apoyo a la “mano dura” no son algo nuevo ni en nuestro país, ni en otros lugares del mundo. Por eso, es indispensable discutir el rol histórico de nuestras instituciones y de las ideologías que siempre preponderaron en ellas, así como también los encubrimientos de innumerables casos a lo largo del tiempo, que garantizaron la reproducción de dicho rol.

Lo que sí hay que destacar y visibilizar es el amparo explícito y unánime que quienes detentan hoy el poder le ofrecen a aquellos que cometen estos asesinatos, mostrándolos como “héroes”, focalizándose a propósito en el debate “víctimas versus victimarios” con el objetivo de ocultar las consecuencias más graves. Porque de ese modo lo planteó Bullrich al momento de recibir al médico tras su absolución definitiva en abril de este año: “Esta filosofía la sostenemos para el doctor y para todos los casos en los que creemos que hay una legítima defensa o cumplimiento del deber”.

Esta “filosofía” es la misma que emplearon para construir un “enemigo interno” (“los mapuches terroristas”, “violentos”) y permitió a la ministra decir que había “un bando” interesado en encontrar a Santiago Maldonado y otro que no. También expresó que lo que hizo la Prefectura, cuando mataron a Rafael Nahuel, fue “una acción legal, legítima, totalmente enmarcada en la ley”. “El Ministerio de Seguridad ya definió. Nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad, le damos el carácter de verdad” dijo sin dudar, dando cuenta de una torpe y peligrosa incoherencia.

El discurso contra la inseguridad que proporciona el Neoliberalismo es parte de un profundo entramado que incluye la estigmatización de diferentes grupos vulnerados, de la juventud, de la pobreza, de la protesta y la movilización social. Y, por supuesto, de la inmigración, pero no “a secas”, sino de esas personas que “vienen por nuestro trabajo” provenientes de países como Senegal, Perú, Bolivia, Paraguay. La cosa es contra les “negros”, “vagos”, “indígenas”, que a su vez “son todos chorros”. De este modo, el imaginario colectivo construye aquello a lo que hay que eliminar. Estos discursos de odio, insistimos, no son nuevos. Pero en los últimos años se expandieron conjuntamente con las políticas de exclusión para justificar el vaciamiento de nuestros derechos, inventando falsos culpables.

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¿Hay que discutir la inseguridad?

Los sectores progresistas suelen expresar cierta “incomodidad” a la hora de elaborar respuestas. Eso siempre fue aprovechado por gobiernos neoliberales como el que tenemos actualmente. A la derecha le es más fácil “encarar” el tema porque las soluciones que plantean, además de tener una correlación directa con sus ideologías, con su proyecto y sus intereses, aparentan tener un carácter de mayor inmediatez frente a cuestiones de las que nadie puede negar la urgencia. Desde luego, cabe preguntarse si esas son soluciones reales y en qué desembocan. Pero justamente por eso es importante que un próximo gobierno popular logre articular propuestas para las amplias mayorías. En ese sentido, es necesario historizar y no caer en la condescendencia con un sentido común que debe ser discutido.

Los debates sobre la baja de la edad de imputabilidad, la “Legítima defensa” y la “Doctrina Chocobar”, la habilitación al gatillo fácil y al uso de armas para que “el que quiera ande armado” (como salió a decir Bullrich el año pasado) son recursos que no hacen más que simular una solución. Son, paradójicamente, una muestra contundente de la ausencia de respuestas frente a lo que nos pasa todos los días. Porque bajo un Estado excluyente, ajustador y negador de los derechos humanos no existen intenciones de resolver esto de cara a las personas de a pie, ni a corto ni a largo plazo. Lo que propone el poder político hoy coincide plenamente con sus intereses culturales e ideológicos y le permite correr el eje respecto de cuestiones profundas a resolver.

Articular posibles salidas no tiene que ver con “aprender de Cambiemos” y de los recursos discursivos que utilizan en sus campañas, tomar sus propuestas o parte de ellas, etc. Se trata de ser conscientes de que la derecha logra concretar sus estrategias porque hacen una lectura de las realidades, los contextos y, a partir de allí, despliegan su política. Es una política de odio, de exclusión y de muerte. Pero contraponer una política que ponga esto en evidencia y a su vez dé lugar a una salida que las personas encuentren coherente y convincente, depende de nosotres.

Casos como el de les jóvenes asesinades en San Miguel del Monte y el de Diego Cagliero en Tres de febrero no fueron “un error”, sino una consecuencia directa de este desmanejo en materia de seguridad. Por eso, tal vez el primer paso consista en cambiar las lógicas que imponen en todos los ámbitos, tanto el Neoliberalismo, como el rol histórico de las fuerzas de seguridad y la ideología de la “mano dura”, para llevar adelante un proyecto de Estado que no esquive el problema, ofreciendo una transformación real.

 

Texto: Mariela Di Francesco. Referenta de Nueva Mayoría Tres de Febrero, comunicadora social, feminista.

Fotografías: Germán Romeo Pena.

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