La electoralización del gatillo fácil

En su concepción académica, la electoralización del delito implica otorgarle centralidad en el mundo político a las políticas punitivas, de modo de construir un intercambio entre electores y políticos, que en buena parte de las ocasiones implica ampliar los márgenes de acción policial y hacer más laxas las reglas en el uso de la fuerza (Alfieri 2016, Smulovitz 2002). Este fenómeno se encuentra interconectado con el concepto de populismo punitivo que implica la existencia de un discurso punitivo en el ámbito político y social, articulado por distintos actores en diferentes momentos. A modo de ejemplo, en un estudio sobre populismo penal, Sozzo (2016) sostiene que fue característica del segundo mandato de Carlos Menem la ampliación del discurso punitivo en un contexto de deterioro de los índices sociales, apuntando de ese modo a un enemigo causante del malestar social, denominando a este fenómeno populismo penal desde arriba.

Dejando de lado un recorrido más amplio sobre este fenómeno, la razón de ser de esta nota se vincula a la preocupación por la situación actual de este fenómeno punitivo.

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El caso de Diego Clagliero

Ha sido también objeto de investigación el modo de construcción de la noticia policial en los grandes medios de comunicación. Particularmente, la noticia policial se presenta de forma fragmentada, alienta la espectacularización de la noticia y la prisa por la novedad, además de enfocarse en general en la pequeña delincuencia contra la propiedad privada que tiene como principales victimarios a los otros, jóvenes y villeros, que diariamente aparecen en nuestras pantallas (Gayol y Kessler 2002, Martini 2002).

El domingo 19 de Mayo, Diego Clagliero y otros 7 amigos fueron acusados de robar un Supermercado Día en la localidad de Martín Coronado. Los apresurados titulares de los diarios más concurridos condenaron los hechos, sin verificar, de la siguiente manera: “Ladrón murió en impactante persecución y tiroteo tras violento robo a supermercado” (Crónica, sección policiales, 24/05/2019), “Video: una persecución de película terminó con un presunto delincuente muerto y 7 detenidos” (Infobae, sección Crimen y Justicia, 22/05/2019), “Tres de Febrero: espectacular persecución y tiroteo en las calles de Martín Coronado” (Diario Popular, sección policiales, 23/05/2019), “Un ladrón muerto tras una cinematográfica persecución en Tres de Febrero” (La Nación, sección seguridad, 23/05/2019), “Golpe comando en un súper, persecución y un ladrón muerto” (Clarín, sección policiales, 19/05/2019).

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Afirmar la culpabilidad de Diego y sus amigos, etiquetar al hecho como violento robo o golpe comando, afirmar la existencia de un camuflaje por movilizarse en una camioneta de Aysa, afirmar que existió un tiroteo o una balacera, no sólo implica la difusión sin comprobar de un montón de información, sino que también valida inmediatamente y sin dudar la versión policial de los hechos, difundiendo inclusive las fotos de Diego después de muerto.

Días después podemos conocer las versiones alternativas al hecho, podemos conocer que no hubo un tiroteo, sino que hubieron disparos por parte de la policía, conocemos que tampoco fue una “espectacular persecución”, sino el acorralamiento de la camioneta por parte de la policía que, luego de lograr que quienes iban en la camioneta de Aysa bajen con las manos en alto, disparó 14 veces, dando muerte a Diego Clagliero. También pudimos conocer el reiterado aval del intendente Diego Valenzuela, haciendo afán del funcionamiento de las cámaras de seguridad, hacia este caso claro de gatillo fácil.

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La construcción de la noticia policial, la vigencia y expansión de la Doctrina Chocobar, defendida desde el gobierno nacional, pasando por el provincial y llegando a los municipios oficialistas, nos arroja como resultado el incremento de los casos de gatillo fácil pero, más preocupante aún, arroja la evidencia del apoyo de los gobernantes de Cambiemos sobre estos hechos.

El contexto es de índices socioeconómicos que se deterioran notablemente. El pueblo argentino permanece víctima de un modelo de usura que otorga espectaculares ganancias a los especuladores financieros y que nos conduce a niveles de endeudamiento inusitados para el financiamiento de la fuga de capitales. No pudiendo mostrar ningún resultado favorable en materia de derechos sociales ni desarrollo económico, el gobierno de Cambiemos se apoya sobre una retórica de criminalización de la oposición acompañado por un poder judicial que juzga políticas públicas, reiterando la supuesta corrupción del pasado y vociferando con toda fuerza que se acabó la impunidad, el curro de los derechos humanos y que el que la hace la va a pagar, aunque esto signifique apoyar la condena de muerte sin juicio, a manos de funcionarios públicos que deberían cumplir la función de cuidarnos y que, en cambio, los utilizan para restaurar “el orden público”, el estado actual de las cosas.

El sostenimiento de este discurso irresponsable tiene que ser objeto de observación durante la campaña electoral. La forma en que se aborde la cuestión de la seguridad y el funcionamiento policial es importante para generar consensos en torno a nuevas políticas que deben ser impulsadas bajo ópticas que contribuyan a la construcción de ciudadanía. En fin, habría que observar cómo se incorpora el modelo del gatillo fácil en la disputa electoral y si será uno de los ejes que Cambiemos buscará convalidar en estas elecciones.

 

Texto: Florencia Romero. Tengo 22 años y soy de Loma Hermosa. Estudio la Licenciatura y el Profesorado Universitario en Ciencia política en UNSAM desde 2014. Actualmente, me encuentro trabajando en una tesis sobre la agenda de seguridad gubernamental. Me gusta reflexionar y escribir desde la ciencia política sobre distintas temáticas. Soy militante de la izquierda popular y feminista.

Fotos: Luciano Abel Ferrari.

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