Derechos humanos: el eslabón más violentado de la cadena

Si me dieran a elegir, yo elegiría
esta salud de saber que estamos muy enfermos,
esta dicha de andar tan infelices.
Si me dieran a elegir, yo elegiría
esta inocencia de no ser un inocente,
esta pureza en que ando por impuro.
Si me dieran a elegir, yo elegiría
este amor con que odio,
esta esperanza que come panes desesperados.
Aquí pasa, señores,
que me juego la muerte.

El juego en que andamos, Juan Gelman

Pasó otro 24 de marzo, momento de ejercitar la memoria y reafirmar el compromiso con la condena a las violaciones de los derechos humanos cometidos durante la dictadura y defender la continuidad de los juicios por la verdad, muchos de los cuales se encuentran hoy en curso. En simultáneo, se hace imprescindible revelar aquellas prácticas vulneradoras de derechos que mantienen su vigencia y quiénes son hoy las principales víctimas de la violencia estatal.

Continuidades y rupturas

Pese a los logros alcanzados en democracia y el consenso respecto del accionar criminal de los genocidas, aún es posible detectar cierta continuidad en las prácticas de las diferentes agencias que componen el sistema penal: fuerzas de seguridad, cárceles y sistema de justicia. La articulación entre estos tres actores es lo que configura los mecanismos de criminalización y represión mediante los cuales se controla a las poblaciones más vulnerables.

Las políticas neoliberales que tuvieron su inicio en 1976 con el Golpe de Estado y su perfeccionamiento durante los 90 menemistas, quebraron el modelo societal integrado y vinculado al trabajo (típico de la era fordista y de los estados de bienestar) dejando a su paso sociedades con altos niveles de desempleo estructural, cada vez más segregadas y degradadas.

Frente a ello, el sistema penal cumple la función de “gobernar la excedencia”(1) manteniendo a estos grupos controlados, mediante el castigo o la eliminación legal, abandonando ya toda esperanza resocializadora o de integración. Lejos de las opiniones de sentido común y de las alarmas punitivistas que cíclicamente se agitan pidiendo por mayor seguridad, la cantidad de personas privadas de libertad crece sostenidamente.

En 2017, las personas encarceladas en todo el país alcanzaron la cifra de 85.283, el 94% de este conjunto es de nacionalidad argentina, 96% son hombres y el 60% tiene menos de 35 años. Y un dato no menor es que 35.315 personas se encuentran encarceladas sin condena firme. En el año 2003, eran 103 las personas detenidas cada 100.000 habitantes mientras que en 2017 (último registro disponible) la tasa llegó a 194, un incremento del 88% en 15 años (2).

Más allá de los datos, que claramente contradicen las creencias de “puerta giratoria”, cabe destacar que las personas detenidas viven situaciones cotidianas de tortura, expresadas no sólo en los malostratos físicos y verbales, sino en las pésimas condiciones materiales de vida en que se encuentran, tales como el hacinamiento, la mala alimentación, falta de atención médica, traslados y confinamiento en lugares remotos alejadas de sus familias.

Se trata de la desaparición por otros medios

A diferencia del Ministerio de Justicia, de quien dependen las cárceles, el Ministerio de Seguridad a cargo de las fuerzas de seguridad no produce información pública que permita efectuar un seguimiento del accionar de los uniformados en relación al uso de la fuerza.  Poniendo especial atención en las fuerzas que ejercen rol de policía en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y Conurbano, tales como la Policía Federal Argentina, la Policía de la Ciudad, Policía Bonaerense, Gendarmería y Prefectura, lo que se aprecia es que son cuerpos que históricamente han actuado de manera autárquica y discrecional con lógicas cerradas y praxis que guardan una estrecha cercanía con las desarrolladas por los aparatos represivos de los años 70. La ley orgánica vigente hoy para la Policía Federal Argentina, que regula las relaciones entre la institución y el personal policial, fue redactada en dictadura (1979). 

Pero lejos de revertir esos mecanismos, el actual gobierno profundiza estas lógicas dando mayor poder de fuego a las fuerzas. El 27 de noviembre de 2018 se firmó la Resolución 956/2018 por la cual se creó el Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad. La norma otorga legalidad a toda una serie de prácticas características de las fuerzas de seguridad, que ya vienen siendo legitimadas de facto por el gobierno de Mauricio Macri en estos últimos dos años. Así, de acuerdo al Reglamento los motivos para hacer “uso de las armas de fuego” son, además del peligro inminente de la vida propia o de otra persona, “para proceder a la detención de quien represente ese peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad” y, además, “para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente, y hasta lograr su detención”.

La persecución de hoy cae sobre un enemigo que ocupa los lugares más frágiles de la sociedad en cuanto a recursos materiales y simbólicos y es, por tanto, una víctima con menos posibilidades de articulación colectiva para enfrentar al sistema y para hacer visibles las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas.

Dejando de lado los casos más representativos y más brutales de gatillo fácil, es muy difícil para una persona vinculada con- o incluso culpable de algún delito- constituirse en víctima de las fuerzas de seguridad o de agentes penitenciarios y lograr que se inicie la correspondiente investigación judicial. Recae sobre estas poblaciones la sospecha permanente de la culpabilidad y, al parecer, ello los imposibilita de constituirse en víctimas perpetuando la impunidad. Porque “algo habrán hecho”.

Las fuerzas son violentas porque pueden. Y castigan a lxs más débiles.

Este año se reactivó la propuesta para bajar la edad de imputabilidad de lxs niñxs en infracción con la ley penal. Bajar la edad implicará que muchxs adolescentes ingresen al sistema penal por delitos de baja intensidad, ya que está demostrado que la cantidad de adolescentes de 14 y 15 años que cometen delitos graves no es significativo. Las estadísticas no reflejan el “alarmante aumento de la delincuencia” preconizado por el campo mediático y político, principal argumento para bajar la edad. No se resuelve el problema del delito, la violencia y la inseguridad bajando la edad de punibilidad. Lxs niñxs y adolescentes son el eslabón más débil de los grupos delictivos y las empresas criminales. El daño producido por el contacto de los niñxs con el sistema penal en su conjunto es grave e irreversible.

No puede ser el sistema penal la única agencia del Estado con el que estas poblaciones tomen contacto. El sistema penal no garantiza, ni repara, sino que castiga y profundiza la exclusión social. El eslabón del encierro institucional, aun siendo la última medida adoptada, es aquel desde donde se producen las mayores vulneraciones de derechos.

En síntesis, pese a los muchos avances logrados, persisten hoy prejuicios, estigmas y mecanismos de eliminación de las clases consideradas “peligrosas”. Persisten la tortura y la eliminación como recurso. Persiste el odio a lxs pobres de parte de importantes sectores de la sociedad que adoptan los valores neoliberales de la superación y la realización individual como estandarte.  Por eso, el silencio no es salud, sino que lo saludable hoy es gritar sabiéndonos aún gravemente enfermxs.  

 

(1) Agamben: “La interacción entre estas dos fuentes de las mutaciones nos permite describir la transición del fordismo al postfordismo como pasaje de un régimen productivo caracterizado por la carencia —y por el despliegue de un conjunto de estrategias orientadas al disciplinamiento de esta carencia— a un régimen productivo definido por la excedencia y en consecuencia por el surgimiento de estrategias orientadas al control de la excedencia. En realidad, tal vez, aquello que tenemos el hábito de llamar «desocupación» ya no es la ausencia de trabajo, sino la privación de empleo, si por empleo entendemos un conjunto de seguridades que han sido expropiadas a la fuerza de trabajo por el postfordismo, a saber: estabilidad, acceso a determinadas garantías, titularidad de un complejo de derechos socialmente reconocidos”.

(2) Fuente SNEEP, Dirección Nacional de Política Criminal, Ministerio de Justicia de la Nación.

 

Texto: Luz Damone. Socióloga. Interesada en el estudio de las prácticas del sistema penal, peleo para que se produzca y circule información pública de calidad.

Fotografía: Celeste Destéfano. Nació en 1983, en Buenos Aires. Camina junto a la fotografía hace diez años y es en lo documental donde encuentra su idioma. Es madre, feminista, compañera y pretende siempre ser una obrera de la memoria.

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