El sistema de la crueldad

El 10 de agosto de este año, la Comisión Provincial por la Memoria presentó el Informe Anual 2018: El sistema de la crueldad XI Sobre lugares de encierro, políticas de seguridad y niñez en la provincia de Buenos Aires. En sus 640 páginas, encontramos números aterradores que reflejan una realidad sobre la cual no hay información (ni respuestas) por parte del gobierno. Se relevó un récord histórico de sobrepoblación del sistema penal en diciembre 2017: 91% en cárceles, 197% en comisarías; de las 279 comisarías inhabilitadas, 109 seguían siendo utilizadas para alojar detenidos; hay 43094 personas detenidas en cárceles, alcaldías, comisarías y bajo arresto o prisión domiciliaria. Se suman hechos de torturas o tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes: 16300 casos. Todo esto desenlazó en muertes: más de 160 en cárceles, 22 en comisarías, 182 en internaciones por razones de salud mental y 121 por uso letal de la fuerza. “Si hay gobiernos que gestionan con conocimiento de las situaciones que ocurren, también están asumiendo los riesgos y también las están avalando con sus decisiones” afirma Rodrigo Pomares, Director del área de Justicia y Seguridad Democrática, quien, en el marco de la presentación del informe, nos contó cómo la “era de Cambiemos” impactó en el sistema penal bonaerense.

¿Por qué el informe se llama “El sistema de la crueldad”?

–Buena pregunta. Todos los informes llevan ese rótulo. En principio, “la crueldad” hace referencia a lo que vemos que se vive en el contexto de encierro. Es decir, situaciones de constante ejercicio de la tortura, de manera reiterada, rutinaria, como una forma de gobierno en los lugares de detención. Y darle el rasgo de sistematicidad tiene que ver con que nosotros ya hace tiempo, no de ahora, identificamos a la práctica de la tortura como una práctica sistemática. Primero por su extensión territorial, su cotidianeidad y por la connivencia y tolerancia estatal respecto de esas prácticas. La tortura es una forma de gobierno, de disciplinamiento, tiene una explicación y entonces, esa explicación es precisamente su rasgo sistemático. Tiene un objetivo, es extendida, es tolerada y es avalada.

¿Qué resultados arrojó el informe número XII?

–Venimos dando cuenta todos los años de una cuestión estructural, que cabalga básicamente sobre dos realidades: el ingreso masivo al sistema penal y las malas condiciones materiales de detención. Lo que en este informe vemos, en particular, es un crecimiento exponencial de todos los indicadores respecto de ese patrón estructural. Por un lado, tiene que ver con el aumento de la cantidad de personas privadas de la libertad que ingresaron a las unidades carcelarias, el incremento de la tasa de prisionización (que mide cuántas personas se detienen cada 100 mil habitantes), que en menos de cinco años se incrementó al doble. La provincia de Buenos Aires está hoy casi a la par de países con altos índices de prisionización. Y esto convive con niveles de hacinamiento terribles. Hoy, la provincia de Buenos Aires tiene, donde deberían haber 20 mil plazas, más de 45 mil personas. Todo ese incremento en las cárceles tiene también un rebote directo en las comisarías y tenencias policiales.

Las comisarías no deberían poder alojar detenidos…

–Exacto, las comisarías por definición no deberían alojar detenidos, o lo deberían hacer por periodos muy breves. Pero más allá de eso, hoy están súperpobladas. Hay mil plazas, en números redondos, y hay 3700 personas, 3600, va variando. Es decir que ahí la ecuación es que tres de cada cuatro personas están durmiendo en el piso. Entonces, esa situación está superando incluso a la peor crisis de la provincia en términos de alojamiento en dependencias policiales. Todos estos incrementos en los indicadores de violencia del propio sistema penal cabalgan sobre un diseño de política criminal que se asienta en más poder para las estructuras policiales. Más poder de intervención y más requerimiento desde el poder político de que eso se transforme en saturaciones territoriales, en la intervención en barrios. Y, por otro lado, hay decisiones que obturan las salidas anticipadas durante el proceso, entonces, a la vez que ingresa un caudal muy importante de personas al sistema penal, el egreso está cada vez más limitado. Eso, por supuesto, también es estructural, ha ocurrido con las anteriores gestiones de gobierno y ocurre con esta gestión.

¿Identifican algún punto de inflexión en las políticas?

–Hay dos puntos que tienen que ver con cosas que nosotros identificamos: en 2014, con el dictado de la emergencia en materia de seguridad, advertimos que esas políticas iban a generar un colapso del sistema penal, que así fue. Se dictó y, a partir de ahí, empezaron a incrementarse todos los indicadores: las detenciones en comisarías, la tasa de prisionización, las denuncias por violencia. Luego, hubo un nuevo dictado de la emergencia en 2015, que lo que vino a hacer es cristalizar y confirmar y profundizar esas políticas. Lo que generó es un nuevo aumento de todos esos indicadores, y fue mucho más exponencial que el que se había dado entre 2014 y finales de 2015. El crecimiento del ingreso a los lugares de detención hoy es sostenido y no baja, entonces hablamos de un colapso y de una crisis humanitaria en los lugares de detención. También notamos que, a partir del discurso de la militarización tanto a nivel nacional, como el registro que hay de eso a nivel provincia, se está generando lo que llamamos un cambio de paradigma mucho más grave que los que veníamos alertando.

¿En qué consiste ese cambio de paradigma?

–Ese cambio es el de la doctrina de las nuevas amenazas, que dio tres o cuatro modificaciones muy grandes: la mirada respecto de los migrantes, la incorporación en el sistema procesal penal de figuras como el arrepentido, la profundización de la mirada de la ley antiterrorista (que, de alguna manera, dejó abierta la posibilidad de construir enemigos internos que pueden potencialmente afectar la soberanía nacional y, en función de eso, lo que se termina construyendo con estas políticas es más capacidad de intervención de algunas agencias policiales). Y, por otro lado, la construcción simbólica de la idea de que la seguridad interior y la seguridad exterior se vinculan en el punto de la criminalidad organizada que es trasnacional y que puede tener impacto en la soberanía de los países. Entonces, de esa manera, van construyendo un combo que es el que vimos en esta secuencia. En todo caso, es una nueva forma de instalar doctrinas de seguridad que se cuelan desde afuera hacia el interior de la soberanía de los países. Y eso viene de la mano de acuerdo con agencias internacionales de Estados Unidos, pero también con algunas agencias de Naciones Unidas, en particular las que tienen la mirada sobre las cuestiones de narcotráfico y que vienen impulsando una óptica que no deja de ser criminalizante.

¿Notan que haya habido recepción en el gobierno de lo manifestado tanto por organismos internacionales, como la CIDH o la ONU, como por ustedes?

–La Corte dictó en 2015 una resolución que hace un diagnóstico similar al nuestro y le pide una serie de medidas e información al Poder Ejecutivo provincial. La respuesta del Estado fue muy mala y, en función de eso, luego ocurrió la Masacre de Pergamino, donde siete jóvenes murieron en una dependencia policial producto de la situación global que nosotros describimos. Entonces, hubo un nuevo pronunciamiento de la Corte, una reunión con el Estado provincial y tampoco dio respuesta satisfactoria. Lo único que han dicho es que tienen un esquema de reacomodar personas dentro del mismo sistema, cosa que no va a ayudar, y por otro lado, la construcción de nuevos complejos que nunca llegan ni siquiera a permitir que las personas que están detenidas en comisarías puedan ir a otros lugares. De hecho, la respuesta del gobierno provincial no solo fue no escuchar que tienen que descomprimir el sistema penal de alguna manera, sino que, por el contrario, han tomado decisiones que profundizaron esa política. La cantidad de detenidos sigue creciendo. Entonces, el sistema penal está en crisis en general y ese colapso lo que hace es potenciar o incrementar la tortura y los tratos crueles. Ese es el correlato directo. Las personas que están detenidas en el sistema penal sufren constantemente una vulneración de derechos.

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–Ustedes hablan de sobrepoblación y de que hay muchas más personas sin camastros, pero hace un año la gobernadora aseguró que no había nadie durmiendo en el piso, lo que fue anunciado en el marco de una reforma penitenciaria. ¿En qué quedó esa reforma?

–Se anunció la reforma y hubo una intervención, pero no ha generado mejoras de ningún tipo. No es un problema de torpeza, es elección por un tipo de política. Si el Estado (y lo han hecho en otras gestiones también) elige gobernar a base de violencia, tolera que haya personas hacinadas e insiste con ese esquema, en realidad lo que está haciendo es elegir un sistema de gobierno de encierro que asume la práctica violenta como práctica cotidiana y rutinaria. El sistema no sólo no ha tenido ninguna reforma, sino que se ha agravado: se ha incrementado el deterioro de los lugares de detención, con importante riesgo de vida de las personas que están hoy en un lugar de detención y, particularmente, en las comisarías. Son lugares que no tienen ni siquiera la capacidad de prevenir incendios, de poder evacuar rápido, no tienen ventilación… Entonces, las personas que hoy están en esos lugares se encuentran en riesgo inminente de vida. Hoy en día, lo mismo que ocurrió en Pergamino puede pasar en cualquier lugar de la provincia.

–Se siguen dando los condimentos: puertas cerradas con candados, colchones inflamables, hacinamiento…

–El Estado está asumiendo esa conflictividad hacia adentro, de manera tal que lo refuerza, como cuando Ritondo expresó “mejor apretados pero adentro”. Eso es asumir que ese riesgo de vida está contemplado por el Estado y que se está despreocupando. Si hay gobiernos que gestionan con conocimiento de las situaciones que ocurren, también están asumiendo los riesgos y los están avalando con sus decisiones. Lo que le da rasgos de sistematicidad.

–Ustedes mencionan que en 2017 hubo 121 muertes por uso letal de la fuerza, que sería un 11% más que el año anterior, y casi el 80% de las víctimas tenía menos de 30 años, que es lo que vos mencionaste respecto al rango etario. Y además, en el 73% de los casos el policía que mató estaba fuera de servicio. El caso emblemático sería, por ejemplo, el de Chocobar.

– Exacto, eso es una regularidad que nosotros venimos identificando. De hecho, el caso de Chocobar parece ser un caso muy claro de lo que para nosotros ocurre con la violencia letal policial. La mayoría de las circunstancias en las que una persona muere por intervención policial ocurren cuando el policía está fuera del servicio policial y, mayoritariamente, cuando el policía es el que sufre el supuesto hecho o robo hacia su propiedad. Es decir, que no suelen ser intervenciones en las que se actúa para proteger la vida o los bienes de terceros, sino que son casos en los que el policía está inscripto en una situación particular, es decir, que el uso del arma estatal se vincula a las circunstancias que ocurren con el propio agente policial. Hace tiempo que venimos poniendo en la mesa el tema del Estado policial y lo que significa la casi obligación, entre legal y simbólica, de que el policía tenga que intervenir ante todo evento y estar las 24 horas disponible ante cualquier circunstancia.

–También se observa un ataque casi específico por parte de las distintas fuerzas de seguridad hacia migrantes que suelen ejercer como vendedores callejeros. ¿Cómo ven ese interceder? ¿Hay algún marco de legalidad para eso?

–En términos de legalidad, no, porque de hecho lo que detectamos en particular con la comunidad senegalesa, que es la que está más expuesta y con la que venimos trabajando, es que las prácticas cotidianas y rutinarias son directamente ilegales. Desde el robo de sus pertenencias, hasta la agresión física y verbal, la no confección de actas y la no judicialización debida de esas situaciones que se generan. Mayoritariamente, son intervenciones policiales municipales: primero actúa la Municipalidad en función de su poder de policía de control de la venta (ambulante en este caso) y luego esta fuerza hace su trabajo más vinculado a la represión de esos hechos. En las dos circunstancias, detectamos ilegalidades y vemos, en particular, que la política asumida a nivel nacional tuvo un correlato muy fuerte con el temperamento de los municipios hacia los vendedores ambulantes, en particular los migrantes.

–Esta construcción del otro que mencionabas…

–Exactamente, esta construcción del “otro” y esa política migratoria que cambió rotundamente, que ahora está directa y claramente orientada a la expulsión y no a la recepción de los migrantes, tienen obviamente un impacto en las decisiones que toma cada uno de los actores del sistema. Y también, por otro lado, a nivel nacional se activó un mecanismo de expulsión ágil de los migrantes. Todavía no generó millones de expulsiones, pero sí se originaron muchos más trámites vinculados a la irregularidad migratoria. Nosotros creemos que es la antesala a que eso ocurra, se están agilizando y judicializando los conflictos de los migrantes. En función de esto, las expulsiones pueden ir dándose de forma más rutinaria.

–Al plantear y exponer toda esta información, ¿ustedes hacen alguna recomendación a los gobiernos o presentan algún proyecto para mejorar la situación?

–Hacemos recomendaciones y también hacemos otro tipo de intervenciones. Hay una cotidiana que tiene que ver con la denuncia de las situaciones que se detectan. Pero, por supuesto, hay algunas medidas que venimos solicitando en términos urgentes. El Poder Ejecutivo insiste en saturar territorios con policías para ir a buscar pequeños comerciantes de algunos mercados ilegales y meterlos de manera masiva al sistema penal y esto no va a hacer nada que tenga real impacto en esos mercados, solo va a colapsar el sistema penal. Son estos nuestros requerimientos más urgentes y estructurales.

 

Entrevista y fotografías: Lucía Monsalvo, 23 años, nacida y criada en el conurbano bonaerense. Estudiante de la Licenciatura y el Profesorado en Ciencias de la Comunicación Social en la UBA.

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