Pensó que era un robo, pero eran policías de civil: lo balearon y está detenido hace más de un año

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Gabriel Batalla: víctima de la Doctrina Chocobar. Baleado y torturado por la policía, está detenido hace más de un año.

Gabriel Batalla estaba a 150 m de su casa, en Adolfo Sourdeaux, cuando desde un Citroën lo apuntaron con armas y le pidieron que se bajara de la moto. Pensando que se trataba de un robo, decidió escapar y así empezó la persecución que terminó con una bala de plomo en su espalda. Una vez detenido y torturado, le armaron una causa e interrumpieron su derecho a vivir como padre, trabajador y estudiante. La única prueba en su contra es el acta de procedimiento de los policías, efectuada sin testigos por tratarse de una denominada “zona peligrosa”. Un nuevo caso de Doctrina Chocobar, ahora en Adolfo Sourdeaux (Partido de Malvinas Argentinas), con el apoyo de una justicia provincial cegada por el racismo y el odio de clase.

La pesadilla empezó la noche de 22 de junio de 2017. Gabriel Batalla (24 años) volvía en una moto de su trabajo en San Andrés, luego de pasar por lo de un amigo, cuando a 150 metros de su casa lo cruzó un Citroën gris. Desde este vehículo, unos desconocidos lo amenazaban con armas de fuego y le pedían que se arrojara al piso de inmediato. Todo indicaba que se trataba de un robo.

Decidido a salvar la moto Gilera recién comprada, y sintiendo miedo ante la violenta intercepción de su camino de regreso a casa, logró escaparse, mientras detrás suyo sonaban los disparos.

 Pasaron unas siete cuadras hasta que Batalla chocó contra un cordón, a la altura de la calle Rawson. Los disparos desde el Citroën, aunque ya estaba sin la moto, no paraban. El escape de Batalla siguió a pie, doblando en la calle Repetto. Eran las calles del barrio donde vivía con su mamá y hermanos. De pronto, un fuego penetrante en la espalda lo tiró en el piso.

Batalla se escondió en la casa de un vecino conocido. Lo encontraron. Lo peor estaba pasando: veía la sangre y sentía que iba a morir. Los misteriosos que lo perseguían desde el Citroën y lo habían acertado con plomo en el hombro eran agentes de la policía, que recién se identificaron cuando Gabriel Batalla estaba totalmente dominado. “Somos más que la policía”, se definieron, al fin, mientras lo golpeaban y ahorcaban contra el piso. Como si fuera poco, le pedían dinero: “Si nos das plata te soltamos”. Le decían que le iban a meter una causa. Lo amenazaban con subirlo al Citröen. Lo ahorcaban para sofocar el llamado de auxilio que hacía a sus vecinos, a quienes Gabriel conocía de hacía muchos años.

La tortura del sospechoso asaltado no se frenaba con el alto. Batalla pasaba esta secuencia de terror repentino porque sabía que venía lo peor y escapar, quizá, fue lo que le permitió salir con vida. Se defendía de los tiros, pero también defendía el fruto del esfuerzo del trabajo de un ser querido, la moto nueva que ese día le habían prestado. Mientras los policías de civil lo violentaban, llegó un vehículo más, sin identificación. Desde ese automóvil, otro agente se acercó para patearle la cabeza porque Batalla había preguntado cuál era el motivo de su detención. Varios autos más se acercaron, totalizando cinco.

 Un tiempo después, rendido por los golpes, le explicaron: lo acusaban de haber matado a un policía. “Te metiste con uno nuestro”. Poco importaba explicar quién era, argumentar que estudiaba en un curso de capacitación y trabajaba en una fábrica, hablar de su hijo de ocho años que dependía de él, decir que vivía a unas cuadras: ninguna excusa resulta suficiente cuando la sentencia ya está dada, como en los peores tiempos de nuestra historia nacional, tal cual lo revive la Doctrina Chocobar instaurada por el macrismo.

Quienes habían dado la orden de alto que Batalla desobedeció fueron un subteniente y un sargento. Según la policía, aunque no se condice con las pruebas de la causa, Batalla había efectuado disparos ante la señal de detención con un arma envuelta en “cinta de papel color blanco”. La cama: La única prueba que pesa en contra de Batalla es el acta de procedimiento de los policías, efectuada sin testigos por tratarse de una “zona peligrosa”, además del hecho de contar con antecedentes penales y ser parte de esa “zona peligrosa”.

Luego de que le sacaran una bala de plomo en el hombro en el Hospital, Batalla otra vez fue amenazado y torturado en las dependencias policiales, donde lo presionaron con violencia para que firmara papeles que no quería firmar. En más de una ocasión, los mismos agentes del Citroën que lo habían detenido y torturado aparecieron para intimidarlo física y verbalmente.

EL CRIMEN DE INTENTAR SALVAR A GABRIEL

 La información de que perseguían a Gabriel Batalla llegó rápidamente a oídos de uno de sus familiares, “J”, cuya identidad no revelaremos. Los mensajes decían que “lo estaban corriendo”. Para completar el primer llamado, J. enseguida recibió otro llamado de un vecino, quien estaba cerca del lugar donde se encontraba tirado Gabriel. “Gabi está acá tirado en el piso, le está gritando a los vecinos que la policía le quiere poner algo”, le relataban.

 J. entonces se dirigió a la calle Repetto y Monseñor Andrea, donde encontró a Gabriel esposado y varios móviles de la policía alrededor.

Cuando este familiar se acercó a preguntar por Gabriel, una persona que bajó de un coche gris lo golpeó en las costillas, lo empujó contra una reja y ordenó que lo esposaran. Al igual que Gabriel, J., que iba para ayudar, entonces fue dirigido a las dependencias policiales, donde nuevamente los agentes lo golpearon y torturaron. Le ocurría lo mismo que a Gabriel. Frente a varios policías, entre otras intimidaciones, un policía dijo: “este es el que mató a uno de los nuestros”.

 Según declaraciones, en uno de los calabozos chicos, J. vio y habló con Gabriel Batalla. Allí, lastimados, compartieron la Levité que les había llevado un pariente, a quien supuestamente le pidieron una coima de $60 000 para soltar a Gabriel. Ambos familiares encarcelados, víctimas de la misma situación, hablaron y trataron de explicar lo obvio: los querían empapelar y los policías no tenían prueba que justificara la detención y el disparo, ¿Realmente le iban robar la moto y todo salió mal cuando Gabriel se resistió al asalto?

ENTREVISTA A MARTÍN GRAMAJO (ABOGADO DE LA CAUSA JUNTO A GABRIEL MIGLIAZZA)

¿Cómo sigue el caso penal de Batalla? ¿Hay una investigación del accionar de la policía?

 Gabriel Migliazza y yo asumimos la defensa de Gabriel Batalla. En primer lugar, la causa hoy se encuentra a la espera de que se establezca una fecha de juicio oral, que probablemente sea para a partir de febrero del año que viene. En segundo lugar, hubo una instrucción suplementaria durante la elevación a juicio, en la que pudimos ofrecer una serie de pruebas que nos fueron vedadas durante la primera etapa de instrucción. Este caso se elevó a juicio sin que desde la defensa tuviésemos derecho a ofrecer pruebas propias. Lamentablemente la Jueza de Garantías repitió la versión del Ministerio Público, que no es otra versión que la de la Policía Bonaerense. La verdad que los tiempos procesales de la justicia argentina, en particular la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, son complejos. Gabriel Batalla lleva mucho más de un año injustamente privado de su libertad porque hay una inversión del principio de inocencia, donde quien está sufriendo un proceso penal es considerado más culpable que inocente. En este caso, los jueces y los fiscales, que van de la mano, utilizan y abusan de la prisión preventiva, por lo que alguien aprehendido en un procedimiento policial suele tener una detención preventiva y posteriormente prisión preventiva. Esto no quiere decir que Gabriel es culpable de un delito, sino que el juez considera que con él en particular hay peligro de entorpecimiento de la investigación o peligro de fuga, que se evada de la acción de la justicia. Obviamente, esto no es real en lo fundamental, sino que tiene que ver con un preconcepto social, cultural y económico, es decir, si el juez considera que es peligroso o no a ojo. Esto no está en la ley, pero se utiliza el concepto en los hechos más allá de lo que diga la ley. Hubo un pedido de excarcelación y un habeas corpus contra la prisión preventiva, pero no se hizo lugar.

 Acá hay una cuestión de trasfondo que gravita en que en plena democracia se permite que sujetos de civil en vehículos particulares detengan a personas a través de procedimientos de dudosa legalidad, sin testigos y mediante el uso desmedido de la fuerza. Que el poder judicial convalide este tipo de procedimientos policiales es algo que tendría que darle escozor a cualquier persona.

Además, por la denuncia del imputado en la ampliación de indagatoria en la Fiscalía interviniente, se comenzó a investigar un pedido de coima de $60 000 a la familia y el sufrimiento de vejaciones en el proceso de detención, dando inició un proceso de instrucción que se elevó a la fiscalía UFI nº 8 de Delitos Complejos. Acá se investiga si pidieron coima o no y si hubo lesiones contra Batalla.

 La hipótesis que sostenemos en esa instrucción es que se trata de una causa armada. Obviamente notamos que la Fiscalía no tiene mucha voluntad de investigar al respecto, igual que el Ministerio Público, pues se trata de la policía. Desde el año 94′, la Constitución de la Provincia exige la creación de la Policía Judicial, que, como sabemos, no existe. Esto es una limitación para cualquier investigación. Imaginate que si hay que investigar  el accionar delictivo cuando resulta en connivencia con personal policial, esta circunstancia nunca va a salir a la luz.

Hoy en día, vivimos en una Provincia que tiene muy poca capacidad de investigar a la policía, a pesar de que se están tomando acciones la Auditoría General de Asuntos Internos para verificar la actuación de la fuerza. Claro, este caso demuestra que hace falta un cambio estructural y no maquillajes “internos”, que es lo que vemos que sostiene la Gobernadora M.E. Vidal.

por Rodrigo Arreyes

 

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