Que sea ley: balance de cuentas

En una esquina del barrio de Caseros, una jubilada chilló ardiente ante unxs militantes que estábamos volanteando a favor de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. “Aborten con su plata si quieren abortar”, así comenzó a vomitar ácida la señora indignada. Y agregó: “dejen de hacer estas cosas con nuestros impuestos”. Remató con un “a ustedes les pagan”. No es una parodia televisiva. Esto ocurrió el sábado pasado posta.

La señora recibió argumentos que no quiso escuchar. Recibió un buen trato que despreció. La señora representa a una parte de nuestra sociedad y eso le quita lo gracioso al asunto. Claro, ni la señora ni lxs otrxs que pueden pensar como ella, votan en el Senado de la Nación, ni lo tuvieron que hacer en la Cámara de Diputados. Sin embargo, esa opinión reproduce otras opiniones y se replica, confunde, juzga, se erige en la desinformación y en los prejuicios, en la acción de tachar a lxs otrxs; es acción que se esconde a la reflexión y a la empatía. Esas opiniones dañan con la misma conciencia con que se infla el décimo globo en un cumpleaños. Esas opiniones justifican, omiten, condenan. Y eso justamente es lo que, quienes creemos en el derecho a decidir y en la construcción colectiva de las libertades individuales, no queremos que suceda más.

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El Estado debe hacerse cargo de una buena vez de la clandestinidad de los alrededor de 450 mil abortos que se amontonan en silencio. El Estado, a través del sistema de salud pública, gasta recursos en reparar, si llega a tiempo, el daño causado por esos abortos clandestinos. Y lo hace con sus impuestos y los míos, señora, sí. Pero, escuche esto, que surge del informe “El costo del aborto inseguro”, publicado por la senadora chubutense Nancy González: “con la información oficial disponible, es posible afirmar que la aprobación del proyecto de IVE implicaría una utilización más justa y eficiente del presupuesto de la salud pública”.

¿Cómo es eso? Si el aborto se legaliza:

  • El Estado podría dejar de gastar 1077 millones de pesos al año para asistir a personas gestantes que ingresan al sistema de salud pública por las consecuencias de abortos clandestinos; se ahorraría, aproximadamente, un 43% de los recursos destinados a salvar estas vidas, que, a su vez, podrían destinarse a ampliar y efectivizar la educación sexual integral, por ejemplo, con la entrega segura de anticonceptivos gratuitos –que cada vez se ve más retraída-.
  • El Ministerio de Salud de la Nación podría dejar de comprar misoprostol al laboratorio que monopoliza su producción y comercialización, el cual se lo vende al Estado al mismo precio que a una farmacia. Y podría comenzar a producirlo, reduciendo su costo un 50%.

Es decir, el Estado podría gastar un 55% menos si sacara de la clandestinidad la decisión individual y libre de interrumpir un embarazo. Digo, ya que a la señora le preocupa quién paga por nuestros cuerpos y nuestras decisiones. Porque ¡ojo! no es que culpo a la señora por enojarse, en vez de escuchar a ver si tenemos algo importante para decir, a ver si podemos conversar en buenos términos. No, ella puede pensar como prefiera, pero al menos debe hacerlo sin repetir y sin soplar, debe hacerlo con responsabilidad como todxs nosotrxs en cuestiones que nos atañen a todxs como sociedad. Sin embargo, no es ése el ejemplo dominante entre nuestrxs gobernantes que están, muchxs de ellxs, ocupados en achicarnos la porción de comida y la porción de derechos cada día más brutalmente.

En fin, el 8 de agosto, lxs senadores podrán redirigir los gastos del Estado a favor del pueblo o continuar usando hipócritamente nuestros impuestos, señora, a usted que tanto le preocupa ese tema de su plata.

El 8 de agosto, el Senado puede ocuparse de castigarnos o darnos un abrazo por tanta lucha.

El 8 de agosto, el Senado puede cambiar la historia o hundirse en remordimientos artificiosos. Puede enojarse y chillar como usted, señora, o legislar como le corresponde hacer.

Texto: Pamela Neme Scheij

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